Sin mucho ruido, un grupo de 22 funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) presentó una acción de inconstitucionalidad (A.I.) en contra de las resoluciones que dejaron sin efecto sus aumentazos.
La Corte Suprema de Justicia resolvió otorgar una medida cautelar (A.I. Nº 942/19) a los mismos, mientras estudia el caso para dar lugar eventualmente a la acción de inconstitucionalidad. En otras palabras, con esta medida de la Corte los funcionarios en cuestión deberían cobrar sus salarios con los aumentazos que recibieron en el Presupuesto General del 2019.
En febrero, los propios funcionarios del MAG denunciaron públicamente los aumentos de un selecto grupo de 86 funcionarios de diferentes categorías. Lo llamativo fue que los aumentos eran mayores a los permitidos por la Ley de la Función Pública. En algunos casos, hasta el 100% de sus salarios base.
Otro grave problema fue que todos estos aumentos fueron hechos sin concurso alguno, faltando también a la ley mencionada. Otro aspecto denunciado por los no beneficiados fue que la mayoría de las personas en la lista no tenían funciones específicas.
Todo esto fue reconocido por el Ministerio de Hacienda y por el MAG, por lo que se emitieron resoluciones para suspender los aumentos y empezar a evaluar cada caso. Pero con esta medida cautelar, los efectos de estas medidas quedarían sin efecto para el grupo que presentó la medida.
De acuerdo al documento, los que presentaron la medida son: Daniel Yaluk Ruiz, Víctor Manuel Trigo Báez, Juan Vicente Fretes, Gustavo Adolfo Amarilla Fariña, Anastasio Maciel Coronel, Isabel Zaracho de Merconcheff, Cynthia Paola Penayo, Felipe Dávalos Agüero, Nelson Ramón Segovia Villasanti, Alfidio Valentín Meza Silguero, Agustina Arguello de Benítez, Alfonzo Jorge Mareco, Carlos Federico Rojas Segovia, Sixto Acuña Acosta, Edgar Claridge, María Dolia Duarte de Mareco, Alejandro Ruiz Cabral, Luis Fermín Valdez Vargas, Fabián Alberto Melgarejo Gaona, Ángela Edith González Díaz, Vicente Bogarín Oviedo y Perla Rojas Sosa.
Todas estas personas figuran en la lista filtrada en febrero con los respectivos aumentos. Observamos casos insólitos, como de una funcionaria que de G. 5.500.000 pasó a G. 10.900.00; o de otro funcionario, que de un salario de G. 6.100.000 mensuales pasó a G. 10.900.000.
Solicitamos al MAG algún vocero para clarificar cuándo se tendrían que aplicar los aumentos para los funcionarios beneficiados con la medida cautelar, pero no tuvimos respuesta.
En síntesis, esto revivió un gran malestar entre los funcionarios, quienes en su momento reclamaron este trato desigual que llegó con estos aumentos durante la administración del ministro Denis Lichi. El grupo beneficiado, por su parte, festejó la medida atribuyendo el logro a una “larga lucha”, según un audio que circula por whatsapp.
