El juez Humberto Otazú comunicó recientemente al Jurado el pedido de desafuero al juez que hizo la Fiscalía tras imputarlo el pasado 1 de abril por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
La ex ministra Alicia Pucheta, miembro del JEM, expuso ayer los elementos que hay en contra del magistrado, quien, según la Ministerio Público firmó 88 resoluciones, la cuales dispuso el inicio de juicios ejecutivos contra supuestos deudores, quienes en realidad nunca fueron notificados.
A través de estas resoluciones, Villalba hizo efectivo el apercibimiento, en donde se tenía por reconocidas las firmas de las personas, “pese a que habría conocido que las notificaciones no fueron practicadas”, mencionó Pucheta.
El juez, con su actuar, permitió supuestamente avanzar a la etapa del juicio ejecutivo las demandas que presentaban las empresas de cobranza, negando así el derecho a reconocer a los deudores si las firmas estampadas en los pagarés eran suyas o no.
La ex ministra mencionó que existe una “clara parcialidad manifiesta” por parte del juez, quien “habría actuado con el conocimiento de que las notificaciones no eran diligenciadas realmente por los ujieres, quienes se limitaban a informar falsamente sobre ellos”.
Precisó que existía una clara intención de favorecer a la parte demandante.
Finalmente, sostuvo Pucheta que hay indicios sobre el hecho punible en el ejercicio de sus funciones, por lo que votó por el desafuero.
A esto se adhirieron los demás miembros del JEM.
ACUMULACIÓN. El Jurado también inició ayer de oficio una investigación en contra del juez Villalba por supuesto mal desempeño de sus funciones, tras conocerse las irregularidades en que habría incurrido.
Esto se supo a través de los resultados de la auditoría de gestión que se hizo al Juzgado de Paz de la Catedral. Se solicitó también a la Corte la suspensión en el cargo, sin goce de sueldo.
Esta causa se acumuló con la otra iniciada tras su imputación.
Citan a dos magistrados de Paz para la imposición de medidas
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, finalmente, admitió la imputación contra los jueces de Paz de Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, y de la jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils.
Esto, tras la comunicación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que señala que los mismos finalmente fueron desaforados para ser sometidos al proceso penal.
La magistrada de Paz, Carmen Analía Cibils, fue por los supuestos delitos de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
La misma fue citada para la imposición de medidas cautelares para el próximo 14 de abril, a las 08:30. Recordemos que la Fiscalía solicitó la aplicación de las medidas alternativas a la prisión preventiva.
Según la Fiscalía, la misma firmó 237 resoluciones basadas en los informes falsos de las notificaciones hechas por ujieres, que también están imputados en la causa.
OTRA CAUSA. En el caso del magistrado de Paz de Recoleta, Víctor Rodríguez, por los supuestos hechos de prevaricato, uso de documentos públicos de contenido falso y hurto.
El mismo también fue citado para el próximo 14 de abril, a las 09:30, para la imposición de medidas. Al igual que la anterior, la Fiscalía requirió las medidas alternativas a la prisión preventiva.
Conforme con la imputación fiscal, el mismo habría firmado 174 resoluciones que se basaron en los informes falsos de los ujieres.
En el caso del juez Rodríguez, supuestamente, ingresó en horas de la noche en el Juzgado y habría sacado documentos, por lo que fue procesado también por el cargo de hurto.
