Liz Analía Acosta
@lizanaliapy
La abogada Diana Vargas, especialista en Derechos Humanos, explicó el complejo mundo de la mafia de los pagarés y los factores que contribuyen a la impunidad de los esquemas.
–¿Por qué las víctimas deben manifestarse o denunciar públicamente para que muevan las causas?
–La denominada mafia de los pagarés es un fenómeno complejo que involucra a diversos actores y mecanismos que permiten su perpetuación en el tiempo, muchas veces con la complicidad de instituciones del sistema judicial, la administración pública y, en algunos casos, empresas privadas que aprovechan la situación de vulnerabilidad de los empleados públicos, sobre todo mujeres, de acuerdo al registro de casos del Senado.
En este contexto, existen varios factores que contribuyen a la impunidad de este esquema, entre ellos, los vínculos entre estudios jurídicos, empresas, movimientos gremiales de abogados y el más importante, operadores del sistema de Justicia, no solo en los juzgados de Paz, sino también en Justicia Letrada e incluso en Primera Instancia.
La naturalización de un funcionamiento cuando menos defectuoso de los juzgados de Paz, con una sobrecarga a todas luces llamativa no levantó alarma alguna de parte de los órganos de supervisión del propio Poder Judicial.
Igualmente, el Ministerio Público ha contribuido a que este esquema siga creciendo, no investigando casos denunciados desde años atrás, de acuerdo con antecedentes que las propias denunciantes han acercado a la Comisión y consignado en el Registro de Víctimas, salvo en un caso importante a cargo de la fiscal Teresa Sosa (2015-2016).
–¿Cuál es la cifra de víctimas inscritas en el Registro?
–El registro de víctimas habilitado por la Cámara de Senadores en muy poco tiempo ha llegado a más de 3.000 casos, pero a su vez, se encuentra en proceso de orientación a centenares de personas jubiladas, docentes activas y enfermeras, que no tienen conocimiento sobre los juicios en los cuales se les ordenó una y otra vez el embargo de sus salarios.
Esto implica indicarles a qué dependencias debe ir, trasladarse desde el interior a la capital. Deben recorrer oficinas públicas (MSPyBS, MEC, BNF, MEF, entre otros), en horario limitado, con poca información de como tramitar esos antecedentes.
–¿Cuál es el modus operandi más común que encontraron?
–Primero, hay que tener en cuenta el perfil de las víctimas que caen en este tipo de estafas. Por lo general, funcionarios, con salario seguros, pero bajos y que por diversos motivos no pueden acceder al sistema financiero formal.
Personas que ante la emergencia (muchas veces de salud según lo relevado) finalmente acceden a créditos de diversas casas y personas, a veces incluso compañeros de trabajo que “facilitan la gestión”.
Un caso práctico y concreto: Recibe en efectivo G. 1 millón (a veces a bordo de algún vehículo, como si se estuviera traficando) por el cual debe firmar una cantidad de papeles en blanco.
Entre ellas órdenes de débito automático en su cuenta de salario en el BNF, por ejemplo, de 24 cuotas de G. 100.000, por ese millón. Además, pagarés en blanco. Solo en débito tenemos G. 2,4 millones.
Las casas presentan la orden de descuento en el BNF y proceden a descontar directamente de su cuenta mes a mes. Estas órdenes tienen como concepto compra de mercaderías, pues para otorgar créditos en dinero se debe estar registrado en el BCP. Para evitar controles les hacen tomarse foto con algún electrodoméstico e incluso emiten factura cuando en realidad entregan dinero en efectivo.
Posterior de ello, el prestamista cede o vende el pagaré ya cobrado a otra persona quien inicia un juicio ejecutivo para el cobro del pagaré, por una cuenta ya saldada, en ocasiones varias veces.
Como sabemos, las notificaciones desde los juzgados de Paz no llegan (en el 98% de los casos, según el registro de víctimas) y esto se ha evidenciado también en las auditorías dispuestas por la Corte, pero igualmente el embargo se dispone sin mayores problemas.
Primero se embarga para cubrir el “capital”, que por cierto ya incluía intereses respecto a lo realmente desembolsado. Luego sucede otro embargo por la liquidación del saldo que incluye intereses, honorarios de abogados y gastos judiciales, con nulo control por parte de los jueces.
Además, como los documentos están en blanco, esto permite rellenarlo con cualquier monto, incluso fijar el domicilio, con lo que los usureros pueden recurrir a cualquier juzgado de la República rellenando el domicilio que más les convenga.
Pero esto no termina aquí. Debido a que la víctima ya firmó tantos pagarés en blanco, no sabe cuándo podrá aparecer el próximo pagaré que producirá un nuevo embargo de su salario.
Hemos visto personas con 18 embargos, de los cuales uno está activo y los demás esperan su turno cuando el anterior termine de cobrarse. Además, estos estafadores son pacientes, esperan el momento justo antes de la prescripción para demandar, así los intereses llegan al máximo posible.
También tenemos casos de posibles órdenes de descuento de salario fraguadas que pasan sin problemas por el nulo control del BNF sobre su veracidad. ¿Qué banco no consulta con el cliente cuando se registra una operación inusual con su tarjeta de crédito? Pues el BNF no lo hace. Hay cómplices en todos lados.
–¿Cómo ves la respuesta de las instituciones a raíz de sus intervenciones?
–En cuanto a las instituciones de donde principalmente provienen las víctimas registradas –Ministerio de Salud, de Educación, Municipalidad de Asunción– no hemos visto que se hayan tomado medidas extraordinarias para facilitar el acceso.
Tampoco en Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía donde las personas jubiladas acuden para solicitar copia de los oficios judiciales por los cuales se dispuso el embargos de sus haberes y resulta que les indican que recién en 20 días les serán entregadas las copias y estamos ante gente mayor, que viaja kilómetros para hacer este trámite por orientación nuestra, ante la necesidad de tener información sobre los juicios.
En el caso de la Municipalidad, los funcionarios deben pagar por la hoja y la estampilla para requerir esa información y se entrega después de 15 días pero no las copias de los oficios sino una transcripción.
–¿Sigue existiendo esquemas de mafias de pagarés, a pesar de las denuncias?
–La existencia de un grupo organizado con intenciones dolosas en el cobro de deudas ya pagadas, según los mismos trascendidos existía desde hace tiempo; sin embargo, recién ahora las denuncias impactaron a nivel mediático.
Por supuesto que existe la posibilidad de que subsistan esquemas que están esperando para operar nuevamente. Es por eso que no debe existir impunidad y el control de la actividad de los juzgados debe ser muy riguroso.
