El dato es sorprendente. De los 72.000 maestros y personal administrativo del sector educativo público, nada menos que 11.600 no se vacunaron contra el Covid-19. Y eso que los docentes fueron incluidos dentro de los grupos prioritarios y tuvieron suficientes vacunas disponibles.
¿Por qué no lo hicieron? Si descartamos aquellos que no pudieron inmunizarse porque estaban enfermos, tienen alguna contraindicación o impedimento o son adherentes a alguna de estas sectas exóticas que aseguran que Elvis Presley sigue vivo y que las vacunas tienen un chip 5G que controlará nuestro pensamiento, la cifra sigue siendo absurdamente elevada.
No encuentro otra explicación que la ignorancia. La evidencia científica demuestra que la pregunta no es si hay que vacunar o no, sino cómo alcanzar al mayor número de personas posibles para evitar muertes.
Si hay muchos que no lo hacen, la pandemia sigue, el virus tiene más chances de mutar y la protección grupal disminuye.
No se puede obligar a los maestros a vacunarse; la obligatoriedad puede vulnerar derechos individuales, pero a la vez quienes no estén vacunados ponen en riesgo a toda la sociedad. El debate ha recorrido el planeta.
Es difícil sostener que la libertad personal deba imponerse a expensas del derecho de la colectividad a protegerse, sobre todo en ciertos casos particulares; entre ellos están los profesionales de la salud y los que trabajan con ancianos o grupos vulnerables.
Esto tiene mucha lógica. Usted no estaría tranquilo si se enterara de que el cirujano que lo va a operar no está vacunado. O que la cuidadora de su abuelita se niega a hacerlo.
La reapertura de las escuelas se hizo con aprehensión en todo el mundo, pero confiando en que los niños se contagian menos y raramente desarrollan formas graves de la enfermedad. La aparición de la variante delta del virus ha cambiado bastante este paradigma e hizo que las autoridades de salud pública de los Estados Unidos advirtieran del posible “papel clave” de los maestros no vacunados en el significativo aumento de los casos pediátricos y de las hospitalizaciones de niños.
Un caso particularmente bien estudiado con secuenciación genómica en una escuela de California demostró cómo un docente sin vacunar generó un brote de 27 casos. Eso había ocurrido en un aula amplia, bien ventilada, con separación de dos metros entre los alumnos —tampoco vacunados por ser menores— y que, además, tenían una alta adherencia al uso de tapabocas.
Si el maestro hubiera estado vacunado su riesgo de infectarse sería mínimo. Y, aún si adquiriera la infección, su carga viral sería menor, lo que disminuiría también su potencial de transmisión.
La elocuencia de estos datos convirtió a California en el primer estado norteamericano en exigir la vacunación o un testeo semanal negativo a sus profesores.
Aquí, frente al enorme contingente de docentes reticentes, la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, Ana Campuzano, afirma contundentemente “que los maestros no vacunados no deben estar a cargo de niños. Tienen la libertad de no vacunarse, pero no tienen la libertad de contagiar a los niños y sus respectivos familiares”.
Complicados nuestros maestros. El propio Ministerio que los emplea reconoce que la mayoría de ellos tienen un nivel calamitoso y accedieron al cargo por vías irregulares. En un concurso público para selección de directores de escuelas y colegios de la capital, el 85% de los postulantes se aplazaron. Lo tragicómico es que buena parte de los docentes ya eran encargados de despacho en esas instituciones.
Quizás se los pueda obligar a estar vacunados para hablar frente a una clase. Pero ¿cómo hacer para que les den a los niños una información correcta sobre los cuidados que deben tomar ante la pandemia, si ni siquiera consideran necesario vacunarse?
