Los cargos son abuso sexual en niños, proxenetismo y violación del deber del cuidado. Las víctimas son niñas y adolescentes que eran mantenidas en condiciones infrahumanas en una vivienda de Minga Guazú. Ahora están en un albergue.
La fiscala Analía Rodríguez culminó su investigación contra las tres mujeres adultas y pidió que sean juzgadas en juicio oral y público, tras su detención en abril pasado, durante un operativo antitrata de personas. Paralelamente, este viernes presentará una denuncia por violación de la ley de drogas contra las acusadas, por hallarse evidencias de que tres de las víctimas consumían estupefacientes.
Las niñas eran obligadas a tener relaciones sexuales con hombres que llegaban a la precaria vivienda y las adultas cobraban por el abuso, según la investigación fiscal. La vivienda también era una boca de venta de estupefacientes, donde todos los días frecuentaban los desconocidos.
El caso había sido denunciado en el sistema Fono Ayuda del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, lo que derivó en una investigación policial que logró recabar imágenes con grabaciones de videos y fotografías, con las que se logró documentar el movimiento de las personas en la precaria vivienda.
Son seis hermanas y una prima menor, quienes ocupaban un mismo dormitorio. El allanamiento fiscal policial comprobó la falta de higiene de las víctimas.
En su imputación, la fiscala sostiene que se pudo confirmar que la casa era frecuentada por hombres que llegaban en motocicletas y al cabo de media hora salían, supuestamente luego de abusar de las menores. Una inspección médica confirmó la sospecha. Por otro lado, también se pudo constatar que las niñas estaban atrasadas en sus estudios por falta de acompañamiento por parte de las mayores.
La fiscala Analía Rodríguez sostiene que la acusación se basa en informes médicos, testificales, estudios sicológicos, socioambientales de las víctimas. Para ella, tanto la madre como la abuela y la tía participaron como autoras y coautoras de los hechos punibles mencionados.
“Hay varios agravantes, hay menores de 10 y 6 años, entre las víctimas. Las expectativas de penas van de entre 10 a 20 años, por abuso sexual en niños. Para los demás hechos, las penas pueden ir de 3 a 5 años. Pero la pena puede ser impuesta en concurso y podría superar los 20 años”, afirmó la agente fiscal.
DROGA. Un examen toxicológico del cabello de tres de las víctimas, de 13, 15 y 16 años, confirmó la sospecha de que consumían cocaína, aunque se desconoce en cuál de las variedades, conforme a lo informado ayer por Rodríguez.
La prueba se realizó en el laboratorio médico forense del Ministerio Público, en base al testimonio de una de las víctimas, en la Cámara Gessel, que reveló que la madre comercializaba estupefacientes en la casa. La fiscala reveló que este viernes presentará una denuncia ante la unidad especializada en lucha contra el narcotráfico contra la madre, la abuela y la tía, sobre la base de ese análisis.
ENTORNO. Los casos de proxenetismo también se dan en el entorno familiar, no solamente los de abuso sexual y violación, señaló la fiscala. “Hay varios casos en los que aparecen los propios familiares como los que explotan a las víctimas. Tengo denuncias sobre casos que involucran a primas, tutores y padres. Estamos detectando no solamente abusos, sino que también incitan a menores a tener relaciones sexuales con hombres”, reveló.
