“Estaba seguro de que la verdad vencería y ese día llegó”, afirmó el ex mandatario, en su primera comparecencia ante los medios de comunicación desde la anulación de sus condenas, y la primera desde la irrupción de la pandemia.
El juez del Supremo Edson Fachin anuló el lunes todas las condenas contra el ex mandatario por supuesta corrupción, en el ámbito de la operación Lava Jato, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos y abre la puerta a que eventualmente sea candidato en las próximas elecciones.
El ex mandatario aseguró que no guarda rencores a nadie, pero señaló que la “presión” judicial en su contra aceleró el accidente cardiovascular que acabó provocando la muerte de su esposa, Marisa Leticia Rocco.
También recordó que fue impedido por las autoridades de acudir al entierro de su hermano Genival Inácio da Silva, mientras estuvo en prisión, en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba (sur), donde estuvo recluido 580 días.
“Si hay un brasileño que tiene razones y muchos y profundos rencores soy yo, pero no tengo porque el sufrimiento por el que está pasando el pueblo brasileño, las personas pobres en este país, es infinitamente mayor que cualquier crimen que cometieron contra mí”, manifestó Lula, en la sede del sindicato de los metalúrgicos de São Bernardo do Campo, en São Paulo, su cuna política.
“No hay mayor dolor que levantarse cada mañana y no tener un café, un panecillo para el desayuno”, añadió.
La anulación de sus condenas supone una victoria judicial sin precedentes para Lula, pues recupera sus derechos políticos y podría volver a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2022, a las que pretende presentarse el actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Fachin anuló en concreto cuatro procesos. En dos de ellos Lula fue condenado a penas que sumaban 26 años de prisión por delitos de corrupción, en el ámbito de la operación Lava Jato y por las que llegó a pasar 580 días en la cárcel, aunque luego fue liberado.
Fachin basó su decisión en que el tribunal de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, que condenó a Lula en primera instancia, no tenía competencias para analizar esos asuntos, que a partir de ahora quedarán en manos de la Justicia federal de Brasilia.
En paralelo, la Segunda Sala del Supremo retomó en la víspera un juicio para determinar si Moro actuó de forma “parcial” en sus sentencias contra el líder del Partido de los Trabajadores.
La defensa de Lula denunció ante el alto tribunal una serie de “abusos” por parte del ahora ex juez durante las investigaciones, que según alegan, quedaron de manifiesto en los mensajes que intercambió con los fiscales de Lava Jato y que fueron filtrados por el portal The Intercept en 2019.
Esas conversaciones sugieren que Moro, que después pasó a integrar el Gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia, direccionó y coordinó los procesos en curso contra el ex jefe de Estado, lo que está prohibido por ley.
El magistrado del Supremo Gilmar Mendes respaldó esa tesis al afirmar que las condenas contra Lula formaron parte de un “juego de poder”. Según el juez, las acciones de Moro como magistrado de primera instancia fueron propias de un régimen “autoritario”.
