EFE - Carlos Meneses Sánchez
El exmandatario, de 71 años, fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, aunque no se decretó su prisión preventiva pues la pena aún deberá ser confirmada por un tribunal superior.
La sentencia fue proferida por el juez federal Sergio Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras, quien halló culpable a Lula de beneficiarse de la gigantesca trama corrupta que desvió millones en la estatal petrolera.
El magistrado da por comprobado que el expresidente recibió 2,25 millones de reales (unos 700.000 dólares) en concepto de sobornos, los cuales se habrían materializado en la reserva y reforma de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo.
Moro añadió en el auto que Lula “faltó a la verdad de los hechos en sus declaraciones”, en las cuales negó ser el verdadero dueño del inmueble y que lo recibió a cambio de favorecer a la constructora OAS, implicada en la trama.
“Es lamentable que un expresidente de la República sea condenado criminalmente, pero la culpa de eso son los crímenes por él practicados y no la regular aplicación de la ley”, escribió Moro en la sentencia y añadió que prevaleció el principio de “no importa cuán alto seas, la ley siempre está encima de ti”.
Lula gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y responderá en libertad a la espera de que una instancia superior se pronuncie sobre el proceso, uno de los cinco que tiene abiertos con la Justicia, la mayoría relacionados con el caso Petrobras, que ha enviado a prisión a decenas de políticos de todo el arco ideológico y empresarios.
Moro explicó en su sentencia que no ordenó una prisión cautelar del líder del Partido de los Trabajadores (PT) por “prudencia” y para evitar “ciertos traumas”, pese a “los episodios de orientación a terceros para la destrucción de pruebas (que atribuye a Lula)”.
Asimismo, en su auto prohibió a Lula ocupar cargo o función pública por 19 años, en caso de que la sentencia sea ratificada, y le impuso una multa adicional de 669.700 reales (unos 200.000 dólares) por los crímenes supuestamente cometidos.
Al ser una condena en primera instancia, Lula mantiene intacta, hasta tanto se ratifique la sentencia, la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones generales previstas para 2018, a las que ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de presentarse.
La justicia superior deberá pronunciarse sobre el caso a mediados o fines del año próximo, lo que coincidiría con la campaña electoral.
La defensa de Lula dijo este miércoles que la condena es “especulativa” y afirmó que las pruebas que demostraban su inocencia fueron “ignoradas” y tratadas “superficialmente”.
El Partido de los Trabajadores (PT), en el que Lula participó de su fundación en 1980, rechazó la sentencia “sin pruebas” contra su líder y la calificó de “vergonzosa”, según publicó en redes sociales la presidenta de la formación, Gleisi Hoffmann.
La exmandataria brasileña Dilma Rousseff, destituida el año pasado por supuestas irregularidades fiscales, dijo de su antecesor en el cargo y padrino político que es “inocente” y que “el pueblo lo rescatará en 2018".
Por otro lado, en las calles de Sao Paulo, manifestantes a favor y en contra de Lula salieron a protestar y la Policía tuvo que intervenir con bloqueos para evitar posibles enfrentamientos.
No obstante, los problemas de Lula con la Justicia no se reducen a los cinco juicios abiertos, ya que podría llegar a ser investigado en otros seis procesos más, según solicitó la Fiscalía con base en confesiones hechas por exdirectivos del grupo Odebrecht.
Igualmente también está salpicado por revelaciones a la Justicia de ejecutivos del grupo JBS, que lo acusan de haber recibido la suma de 50 millones de dólares en supuestos sobornos que habrían sido depositados en diversas cuentas bancarias abiertas en el exterior.
La sentencia contra Lula se convierte en la más simbólica de todas las que ya han sido proferidas por los múltiples escándalos de corrupción que han estallado en Brasil en los últimos tres años, algunos de los cuales han traspasado las fronteras nacionales y contagiado a otros países en Latinoamérica.
Todos los expresidentes vivos desde el restablecimiento de la democracia (José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff) han sido salpicados por la corrupción.
Incluso está implicado el actual mandatario, Michel Temer, a quien la Fiscalía denunció en junio pasado por un supuesto delito de corrupción pasiva que amenaza con desalojarle del poder, lo que dejaría a Brasil sumido en una deriva institucional que no parece tener fin
