Luego de horas de tensión y negociaciones, se levantó finalmente anoche la anunciada huelga de funcionarios aeroportuarios de la terminal internacional Silvio Pettirossi, tras la confirmación de veto total por parte del Poder Ejecutivo a la ley de concesiones en el sector. Finaliza así un capítulo cargado de incoherencias donde el propio presidente de la República, Fernando Lugo, apoyó la presentación del proyecto.
Líderes sindicales del ámbito celebraron el triunfo de su lucha, y argumentaron que el proyecto estaba viciado y carecía de validez jurídica; mientras que el Ejecutivo basó su justificación en la tesis surgida de la misma Dinac, que técnicamente había refutado algunos de los artículos del proyecto en cuestión.
La huelga estaba preparada para ser cumplida durante 10 días y afectaba al sector operativo con unos 800 funcionarios que debían acoplarse, según José Villalba, uno de los dirigentes gremiales que llevó adelante los preparativos para le medida de presión, que finalmente no se concretó.
Incluso, días antes el sector sindical ya había pospuesto la presión ante las autoridades nacionales, en vista de la realización el fin de semana pasado de la Cumbre Iberoamericana, pero con la expectativa de reafirmarse en la decisión desde los primeros minutos de hoy, lo que ya no fue necesario.
MOTIVOS. Los argumentos del Poder Ejecutivo por los que aparentemente decidió el veto total a la ley de concesión de aeropuertos se basan en que cuando se pergeñó el proyecto no se gestó un estudio de factibilidad desde la Dinac. Este y otros ítems puntuales y técnicos fueron mencionados por el exsindicalista del sector, Lorenzo Orué.
Por otra parte, y siguiendo con la tesis del referente, al concesionarse al sector privado y contar con el 80 % de los ingresos de la Dinac, estarían quedando solamente dos instituciones (Aeronáutica y Meteorología) con el 20 % restante de los ingresos, lo que haría colapsar financieramente su desempeño, por falta de recursos.
En ese contexto, según explicación de Orué, el canon que debería pagar el concesionario tampoco es un ingreso equivalente al 80 % que pasa al sector concesionario.
RECURSOS HUMANOS. De igual manera, la aplicabilidad de que “el costo social es cero con la concesión” no tiene aplicabilidad, porque implicaría transferir a todos los empleados no absorbidos por el sector privado a otro estamento del Estado, pero no se establece en el proyecto quién se hará cargo de los recursos económicos, porque cada uno lleva su rubro al lugar adonde va.
“Asimismo, el proyecto en cuestión desconoce la autoridad legítimamente constituida para administrar, violando tratados internacionales y la propia ley de creación de la Dinac, con lo cual el MOPC pasaba a ser autoridad aeronáutica por encima de lo establecido, con todas las prerrogativas de tomar las facultades legales con relación incluso a la concesión”, explicó.
Al decir de Orué, no se creó un ente regulador previo a la ley, con lo cual el concesionario no tendrá una entidad estatal que le regule.
“ES UNA AFRENTAA LA HISTORIA”
“Es una afrenta y desconsideración a la historia;
existe verdadera necesidad de modernizar la infraestructura del país”, fue el lamento del arquitecto Víctor González Acosta, del sector empresarial y quien guardaba esperanzas de que se promulgara la ley. El referente interpretó que, finalmente, el Ejecutivo cedió ante los intereses mezquinos de sectores sindicales, de algo impostergable con la concesión de aeropuertos, ya que constituye -según dijo- un problema de interés de la nación.
