Roa, quien también es abogada y miembro del grupo denominado “Somos anticorrupción Py”, es una de las principales líderes de esta organización social, que constantemente incomodan a jueces y camaristas con el fin de acelerar los procesos que enfrentan poderosos políticos por corrupción pública.
La activista dijo que pese a que este trabajo se torna muy difícil y tedioso por momentos, no bajarán los brazos.
Aseguró que en el 2022, muchas causas fueron impulsadas gracias a la presión ciudadana y de los medios de comunicación, aunque dijo que aún “no es suficiente”.
“Es mucho el sacrificio y poco avanzamos. Un proceso penal inicia con la imputación, el Código Procesal Penal dice que dentro de los 10 o 20 días se debe llevar a cabo la audiencia preliminar, y existen plazos que no se respetan en el Poder Judicial, hay procesos del 2012, del 2013 y muchos quedan por el camino por la prescripción, muchos siquiera llevaron a cabo su audiencia preliminar, el plazo es muy perentorio y toda esta situación se está dejando de lado. Los políticos corruptos están en sus casas y muy pocas veces hay condenas ejemplares. Paraguay se saquea todos los días del año, nosotros hacemos el impulso, pero no alcanza, no basta, y ahí está el problema”, mencionó.
Roa dijo por citar un ejemplo, de que los casos de corrupción desatados en pandemia, aún no tienen fecha de audiencia preliminar, y otros recién para agosto de este año, lo que desnuda que el Poder Judicial no cuenta con una política institucional para poner orden y hacer que los casos de corrupción pública y el crimen organizado sean prioritarios y tengan un tratamiento especial.
“Algunos ‘juiciosos jueces’ siguen arbitrariamente sosteniendo que las audiencias preliminares son privadas y entre las partes. La transparencia y rendición de cuentas no se negocian; y en este nuevo año la exigencia desde la sociedad civil será tenaz”, advirtió.
“Empieza un nuevo ciclo, continúan los mismos sueños y permanece la misma actitud para hacer de nuestro Paraguay un gran país, sin justicia no hay paz. La lucha contra la corrupción y la impunidad es de resistencia, es de persistencia, pero por sobre todas las cosas, de mucho patriotismo”, agregó.
Presión. Las organizaciones civiles realizaron protestas y elevaron innumerables solicitudes a diferentes instancias y consiguieron que se realicen 11 juicios orales y que se transmitan dichos juicios.
En comparación con el 2021, varios expedientes de sonados casos de corrupción pública tuvieron que desempolvarse gracias a la gran presión ejercida por ciudadanos nucleados en sectores de la sociedad civil encargados de velar por que los mismos no sean olvidados.
Las notas y urgimientos seguirán, advirtieron.