Hace unos días tuvo lugar un procedimiento anticontrabando en la zona de Villa Hayes, en el distrito de Nueva Asunción, en las cercanías del puesto de control de Vista Alegre, en la cabecera del Puente Remanso. En el operativo fueron incautados aproximadamente 24.000 kilos de tomates y 8.750 kilos de harina, que presuntamente fueron ingresados de contrabando.
De acuerdo con los reportes de la policía, en momentos en que la comitiva trasladaba los vehículos con los productos incautados, fueron atacados por personas que arrojaron piedras a los móviles, causando diversos daños en las patrulleras policiales así como en otros rodados que transitaban por la zona.
Presuntamente, el grupo de personas también prendió fuego a cubiertas y arrojó bombas molotov al personal antidisturbios de la Marina, apostado en la Aduana de Vista Alegre.
Hasta la última línea anterior nada se sale de la triste y preocupante normalidad de nuestro país. Un operativo importante, incautación de mercaderías presuntamente de contrabando e incidentes por parte de quienes reivindican la actividad como necesaria para la subsistencia. Lo que en esta ocasión se sale de los parámetros es la flexibilidad que mostró un juez hacia los presuntos contrabandistas. El operativo se realizó en la residencia de una persona que ya contaba con antecedentes. Sin embargo, a las pocas horas los detenidos recibieron medidas flexibles a la prisión. El juez Víctor Hugo Ronzewski Maziuk dispuso la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva de Luis Orlando Verón Samaniego y Carlos Rafael Toñánez Verón y los benefició con arresto domiciliario. Ambos fueron aprehendidos en un operativo que llevó a cabo la Unidad Interinstitucional de Prevención y Persecución del Contrabando.
Respecto a la medida, Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, expresó su indignación: “Nos llena de vergüenza”, y afirmó que estas prácticas son las que nos convierten en un país inviable. “Nosotros, todos los gremios, de alguna manera pedimos que el Poder Judicial esté a la altura y deje de hacer un papel bochornoso”, lamentó.
Según datos del Centro de Importadores del Paraguay y de la Cámara Paraguaya de Supermercados, el 47% de la economía paraguaya se mueve de manera informal o negra, y que el contrabando se incrementó en los últimos cinco años del 42% al 47%, en el 2021.
Como ejemplo, los gremios afirman que la venta del azúcar de producción nacional cayó un 85% y que este rubro pierde ante el que ingresa ilegalmente.
Queda entendido que el contrabando arruina a la producción local y tiene consecuencias en el marco laboral, además de que, a su alrededor, crecen las redes de corrupción e impunidad. Y todo esto sin mencionar los menguados ingresos tributarios, necesarios para garantizar el bienestar de la población. No obstante, al mismo tiempo debe haber una asunción de una realidad que tiene que ver con la demanda de los productos, como el caso reciente que se vivió durante la pandemia del Covid-19. Si no hubiera sido por el contrabando de medicamentos, muchos paraguayos y paraguayas no hubieran sobrevivido, y hoy seguirían endeudados. Asimismo, es frecuente el reclamo de los consumidores, quienes ven violados sus derechos y se encuentran abandonados en la protección de sus derechos.
La lucha contra el contrabando debe ser integral y precisa de instituciones que sean capaces de trabajar coordinadamente, y de un Estado que haga posible el bienestar de la mayoría de la población.
