Estados Unidos no cuenta con una Ley de Secretos Oficiales y la revelación de información clasificada por lo general no es ilegal, pero hay varias leyes que protegen la información secreta que sobre todo castigan la divulgación de secretos relacionados con la defensa. Son los tribunales los que deciden en última instancia qué debe ser secreto y qué no.
Francia, derecho a la desclasificación, pero con restricciones
La ley establece el derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos administrativos, pero con restricciones para una amplia gama de casos: las deliberaciones del Consejo de Ministros, la defensa nacional, la política exterior, la seguridad del Estado y de las personas o la integridad de la moneda y del crédito público.
En el caso de documentos que puedan afectar a la defensa nacional, su difusión pública, sustracción o destrucción se castigan con hasta siete años de prisión y 100.000 euros de multa.
Estos documentos que pueden afectar a la defensa nacional se podrán divulgar al cabo de 50 años, salvo dos excepciones: cuando puedan afectar a la seguridad de las personas mencionadas o cuando puedan permitir concebir, fabricar, localizar o utilizar armas nucleares, químicas o biológicas.
En Alemania, 30 años para la desclasificación
En Alemania, la ley establece un plazo de 30 años para la desclasificación de los secretos oficiales o material sensible, procedente preferentemente de los distintos departamentos del espionaje interior, exterior o militar.
Sin embargo, y de acuerdo con una reforma aprobada en 2017, estos mismos departamentos del espionaje –cuya coordinación depende directamente de Cancillería– pueden determinar que no se desclasifiquen, en virtud de una serie de excepciones.
Italia, quince años prorrogables a otros quince
La duración de los secretos oficiales es de quince años, aunque cuando expira ese plazo de tiempo el Gobierno tiene 30 días para decidir si lo prorroga y, en caso afirmativo, extenderlo hasta los 30 años, tiempo que no puede ser superado.
El secreto oficial siempre debe ser motivado por el primer ministro en una sesión restringida ante el Comité para la Seguridad de la República, una comisión parlamentaria que regula la actividad de los servicios secretos.
Reino Unido, 30 años ampliables
En el Reino Unido, la Ley de Secretos Oficiales tiene como objetivo evitar la filtración de información sensible del Gobierno y evitar actos de espionaje. A esta ley se deben todos los funcionarios del Gobierno, los empleados que trabajan en servicios de seguridad, jueces, policías, miembros de las fuerzas armadas o los que tienen algún contrato con el Ejecutivo.
Los documentos sensibles del Gobierno solo pueden hacerse públicos después de 30 años, pero podría extenderse el plazo si las autoridades juzgan que su divulgación puede perjudicar la imagen del país, la seguridad nacional o las relaciones exteriores.
Estados Unidos, hasta 75 años para la información “muy comprometida”
Estados Unidos no cuenta con una Ley de Secretos Oficiales y la revelación de información clasificada por lo general no es ilegal, pero hay varias leyes que protegen la información secreta que castigan la divulgación de secretos relacionados con la defensa y solo los tribunales pueden determinar si una información compromete la seguridad nacional.
El Gobierno estadounidense tiene tres niveles de clasificación de la información: confidencial, secreta y de alto secreto, y según un decreto de 2009, su desclasificación se produce automáticamente a los 25 años.
Pero hay información que puede seguir siendo sensible y suponer una amenaza para la seguridad nacional, y en estos casos la revisión de su publicación, total o parcial, se prolonga hasta los 50 años.
Pero aún hay información muy comprometida, como la identidad de un agente o el diseño de un arma de destrucción masiva, que puede mantener clasificado un documento hasta los 75 años. Más allá, se requiere un permiso especial.
Bélgica no cuenta con procedimientos claros para desclasificar secretos de Estado
Una ley de 1998 creó en Bélgica un marco general para proteger la confidencialidad de documentos sensibles y principalmente fijó fuertes sanciones en caso de difusión no autorizada, pero no incluyó un procedimiento para desclasificar.
Los partidos ecologistas Ecolo y Groen han propuesto un proyecto de ley, respaldado por la coalición de Gobierno, que propone que un documento pueda hacerse público en un periodo de 20, 30 o 50 años en función de si es considerado “confidencial”, “secreto” o “muy secreto”, los tres niveles utilizados por Defensa o Asuntos Exteriores.
Para desclasificar será necesario un aval explícito de la autoridad concernida, que deberá tomar una decisión seis meses antes del fin del plazo y que podría solicitar prolongaciones de diez en diez años en un procedimiento controlado por el Parlamento federal. El periodo total no puede superar los cien años.
Austria, el secreto oficial consagrado en la Constitución
En Austria el “secreto oficial” está consagrado en la Constitución, lo que ha generado problemas en el cumplimiento de la Ley de Transparencia. En la última década se ha producido un intenso debate sobre retirar los “secretos oficiales” de su estatus constitucional para mejorar la transparencia en todas la áreas financiadas con dinero público.
La Ley de Transparencia obliga a las autoridades a proporcionar información a los ciudadanos en un plazo de ocho semanas, pero solo en la medida que no afecte a secretos oficiales, lo que ha llevado a numerosos problemas.
La ONG Transparencia Internacional considera el modelo austríaco vigente “una anomalía en Europa ya que el ‘secreto oficial’ sigue siendo la posición predeterminada y el acceso a la información es tratado como un excepción”.
Hungría: Altos secretos hasta los 90 años
Hungría, un país comunista entre 1949-1989, establece cuatro tipos de secretos oficiales. Los datos de “distribución limitada” pueden estar clasificados por un periodo de 10 a 50 años, los “confidenciales” entre 20 y 60 años, mientras que los “secretos”, así como los “altos secretos” entre 30 y 90 años.
Todas las clasificaciones deben ser revisadas cada 5 años, cuando ésta puede ser modificada o hasta eliminada.
