El caso Giuzzio versus Horacio Cartes tiene fuertes implicancias políticas y golpea el escenario electoral. El ministro del Interior, al que el cartismo ha declarado como enemigo número uno desde su nombramiento en un área que manejaba a su antojo, hizo una jugada audaz y riesgosa al denunciar al ex presidente de la República por la supuesta comisión de lavado de dinero proveniente del contrabando, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. No lo hizo ante el Ministerio Público, el organismo natural para este tipo de denuncias, sino ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Esta decisión fue descalificada por los voceros del cartismo y algunos juristas como un error infantil.
Pero señalar que el ex fiscal Giuzzio cometió un error jurídico al elegir esta vía es más infantil aún. Es de conocimiento público que la Fiscalía está cooptada por el cartismo. Basta con mirar los casos de políticos procesados por corrupción que si no hubiera presión mediática o ciudadana seguirían en el freezer, en el eterno papeleo de la impunidad.
Giuzzio tomó una curva para luego embestir directamente el caso ante el Ministerio Público, que tendrá menos margen de maniobra con la documentación presentada por Seprelad, SET y otros organismos. Pero aquí, la Seprelad es la clave. Es uno de los pocos organismos que no están bajo el control del ex presidente. Allí está Carlos Arregui, ex fiscal también y considerado otro enemigo del tabacalero. Esta institución proveerá la información más sustanciosa ya que se surtirá de informes de sus pares del mundo, especialmente de Panamá, Brasil, Colombia, México, Aruba y EEUU. Por esta vía también gana tiempo. Si la Fiscalía era la primera instancia el caso iba a correr la suerte de la dilación o la desestimación. Según se supo, el Ministerio Público estaba preparado para recibir la denuncia con la estrategia ya estudiada, y al igual que muchos, quedó sorprendido por el “puenteo” del ministro del Interior.
Más allá de las acusaciones, el punto que más llama la atención es la presentación de la denuncia contra el político más poderoso del país, quien no repara en las formas institucionales para lograr sus objetivos. Sin dudas, tiene connotación electoral. Cartes no solo disputa nuevamente la presidencia de la República (vía Santiago Peña), sino además es candidato a presidir la ANR. Que lo haya hecho Giuzzio habla de la venia del presidente Mario Abdo Benítez y un padrinazgo más allá de las fronteras y en ese horizonte aparece inevitablemente Estados Unidos. Mito o realidad, es difícil creer que jugada semejante no tenga guiño internacional.
Ya se verá hasta dónde pisa el acelerador el vicepresidente y precandidato presidencial Hugo Velázquez, cuyo eje de campaña es disparar contra capacidad económica de Cartes. “Ellos no pueden sacar su dinero ni a Foz de Yguazú, necesitan del Estado para sus negocios”, dijo días pasados.
Más allá de la disputa electoral, esta denuncia es una batalla con sabor a guerra. Es difícil vaticinar el final. Por de pronto, esta situación confirma por qué Cartes ha solicitado siempre las cabezas de Giuzzio y Arregui, quienes hoy son la verdadera piedra en sus zapatos.
CASO ABREU. El grave estado de salud del pastor evangélico que dirige el Centro Familiar de Adoración, iglesia a la que asisten poderosos miembros de la política, desató la ira de un sector de la ciudadanía. Emilio Abreu se hará un trasplante de médula ósea en el IPS, gracias a un convenio con el Instituto de Ablación y Trasplante (dependiente del Ministerio de Salud), que exonera a cualquier beneficiario de pagar los costos. Esta intervención está estimada entre 200 mil y 300 mil dólares, según el Dr. Gustavo Melgarejo, titular del INAT. La polémica se generó porque no es asegurado del IPS y la celeridad de la resolución (8 días), además de su capacidad económica. Aunque la familia y las autoridades sanitarias lo nieguen, el caso destaca por el privilegio y el tufo a tráfico de influencias. Y esa es la razón de la indignación, no su derecho a la salud, que ahora para justificar, las autoridades sanitarias recitan la importancia de la cobertura universal para todo paraguayo. Es justamente la desigualdad en el trato la razón del enojo, por esa desesperante peregrinación y hasta la muerte de muchas personas sin vínculos con el poder, como pudo verse con los innumerables testimonios que aparecieron.
Valga el caso Abreu para apuntar hacia un sistema público universal de salud, sin privilegios ni exclusiones.
