Editorial

Los rectores de universidades no pueden seguir siendo del Cones

La presencia de rectores de universidades públicas y privadas en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) es un obstáculo para el avance hacia una educación de calidad. Al ser cada uno de ellos juez y parte es imposible pensar que puedan actuar con sentido de equidad cuando se aborden temas de sus casas de estudio o de otras, inclusive, ya que son su competencia. El desafío es superar el conflicto de intereses y encontrar un mecanismo de conformación diferente que dirija las universidades sin ataduras, con sentido de justicia. En el país existen personas preparadas y honorables que pueden cumplir ese rol.

Al mirar la conformación del Cones, se observa que están, entre otros, rectores de algunas universidades e institutos superiores tanto del sector público como privado.

La pregunta que sugiere esa realidad se genera en primer lugar desde la perspectiva ética: ¿Cómo podrán actuar con sentido de ecuanimidad si cada uno de ellos tiene intereses muy concretos que defender?

Por otro lado, dado que la presencia de unos significa la ausencia de otros, hay universidades e institutos que quedan excluidos de esa instancia de gobierno de las universidades.

Por lo tanto, a la hora de competir están en inferioridad de condiciones con respecto a las que sí tienen voz y voto dentro del Cones. Esto es, a todas luces, injusto.

Dentro de lo que constituye un abierto conflicto de intereses, donde algunos son jueces y partes a la vez, es imposible abrigar la esperanza de que la educación terciaria del Paraguay avanzará a pasos firmes hacia una educación de calidad sin objeciones.

La estructura creada es para entorpecer, de modo abierto o solapado, el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje universitarios.

Ante esta realidad, es muy pertinente, por lo tanto, que se cuestione desde las instancias de poder y de participación ciudadana el actual sistema vigente en el Cones.

Si se pretende mejorar la educación universitaria, es necesario hallar con urgencia algún mecanismo que permita articular otro modo de gobernar las universidades dejando de lado la participación de los interesados que conciben a la educación como un negocio y no necesariamente como una herramienta valiosa para el desarrollo del país.

Recogiendo esa inquietud, es saludable que exista un anteproyecto de ley que pretende excluir a las autoridades de las universidades e institutos superiores de las instancias de dirección del Cones.

Lo que algunos interesados en seguir con el actual sistema que privilegia a unos cuantos alegan es que los rectores son los que conocen profundamente la realidad del mundo universitario.

Será verdad eso, pero en contrapartida es pertinente considerar que en el país existen profesionales de la educación con excelente formación y de comprobada confiabilidad ética que muy bien podrían integrar el cuerpo colegiado que rige la vida de las universidades.

La educación –cualquiera fuese su nivel– es algo tan serio y tan relevante para el presente y el futuro del país que no puede permitir que aquellos que anteponen el lucro a la calidad formen parte de las instancias de decisión marcando rumbos e incidiendo desde adentro en las determinaciones a ser adoptadas.

Es impostergable, por lo tanto, avanzar en la idea de reestructurar el Cones con base en criterios que tengan como meta la calidad de la educación terciaria que, de hecho, en la práctica, implica apostar por un mayor bienestar para todos.

El desafío actual, por lo tanto, es poder llegar a superar el conflicto de intereses y encontrar un mecanismo de conformación diferente del organismo, que dirija las universidades sin ataduras, con un sentido de justicia. En el país existen personas preparadas y honorables que pueden cumplir ese rol.

Dejá tu comentario