FMI. Uno de los objetivos inmediatos del Gobierno argentino es alcanzar un acuerdo con el FMI antes de marzo, cuando empiezan a operar fuertes vencimientos con el organismo, que en el 2022 ascienden a 19.020 millones de dólares, una suma que el país no está en condiciones de pagar. Un acuerdo de refinanciación dará oxígeno al país para consolidar su proceso de recuperación y certidumbre a inversores y empresas, pero, de no concretarse un pacto o demorarse su firma, se abriría un panorama muy sombrío para la economía argentina.
Tras la severa recesión de 2018-2020, Argentina experimentó una recuperación de su PIB cercana al 10% en 2021 y su desafío de cara a 2022 es mantener la dinámica de crecimiento.
La consolidación de este proceso no solo dependerá de un acuerdo con el FMI y de una mejora en la situación epidemiológica, sino de factores políticos que aseguren un clima de estabilidad, incentivos a la inversión y, particularmente, dé señales concretas orientadas a resolver los serios desequilibrios del país en materia fiscal, cambiaria e inflacionaria.
INFLACIÓN. La elevada inflación es, sin duda, uno de los mayores desafíos para la política económica del Gobierno de Argentina, donde, salvo contados años, en las últimas dos décadas se han registrado índices de inflación anual mayores a dos dígitos. El país cerró 2021 con una inflación acumulada cercana al 51% y para 2022 el Gobierno proyecta una moderación, al 33%, pero los expertos privados creen que será del 52,1%. La recesión, el golpe económico que ha supuesto la pandemia y la elevada inflación han hecho mella en las condiciones sociales en Argentina, donde cuatro de cada diez habitantes son pobres y el 10% es indigente.
Argentina también tiene el reto en 2022 de no solo seguir bajando la actual tasa de desempleo (8,2%) sino de, además, mejorar las condiciones del mercado laboral formal. EFE