Tal y como se presenta el plan piloto para reducir la pobreza en los departamentos de Misiones y Paraguarí, muchos de los que alzan vuelo y se alzan con los fondos del Estado asignados para la compra de alimentos son operadores políticos y comerciantes avivados con conexiones con los que ejercen el poder.
El propósito del emprendimiento no era engordar unos manguruyuses oportunistas aliados a los administradores del proyecto, sino permitir a los pequeños productores —individual o colectivamente, a través de comités— salir de la pobreza extrema haciendo negocio con el Estado.
Fue excelente la idea de simplificar —a través del Decreto 1056— los pasos burocráticos. Con ello se buscaba que los productores pudiesen proveer de frutas, verduras y hortalizas a las escuelas de sus comunidades.
He aquí, sin embargo, el primer gran obstáculo del plan: ¿cómo pueden proporcionar con regularidad, en la cantidad y calidad requeridas y durante los nueve meses que duran las clases, los alimentos necesarios aquellos que hace rato han perdido la tradición de trabajar la tierra?
Hoy, en gran parte, los que viven en las compañías —la unidad territorial más pequeña del país—, solo llevan el apelativo de agricultores porque viven en el campo, no porque se dediquen a trabajar la tierra para su sustento diario. La agricultura familiar duerme el sueño no de los justos sino del fracaso.
De haber querido el gobierno del presidente Horacio Cartes, a través de su Gabinete Social, que el plan piloto de provisión de alimentos a instituciones públicas, vía simplificación de los papeleos, fuera exitoso, hubiera comenzado con recuperar a los campesinos para las tareas agrícolas, proveerles capacitación y medios económicos para que puedan producir el año que viene lo que van a vender a las escuelas.
Es obvio que si los campesinos no tienen nada que vender, el dinero presupuestado está y el año escolar se viene encima, se “justifica” la intervención de los intermediarios que nunca plantaron ni un perejil.
De la serie publicada por Última Hora se deduce que aquí no hubo un plan piloto sino un plan perverso. Aquellos políticos que de sobra conocen la situación campesina armaron el esquema para satisfacer sus intereses.
El gobernador de Misiones, Derlis Maidana, luego de que él y su par de Paraguarí se reunieran con el presidente de la República, dijo que este les instó “a corregir lo que hay que corregir y avanzar”.
Si no hay producción, ¿qué se va a corregir? Los politiqueros y amigos del poder seguirán comprando del Mercado de Abasto.
La única manera de cortarle las alas a este plan piloto —y a sus pilotos—, fracasado es suprimirlo por no haber demostrado con hechos que es posible cumplir el propósito de que los mboriahu apî sean proveedores del Estado.
