Durante el Ecofin informal (reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea) celebrado el viernes y hoy en Bratislava, los representantes de España, Italia, Austria y Alemania, entre otros, reclamaron la información que Bruselas ha recabado durante su investigación sobre las ventajas fiscales de las que se benefició Apple en Irlanda, que considera ilegales.
En el encuentro, el ministro en funciones de Economía de España, Luis de Guindos, apoyó la polémica decisión de la Comisión Europea (CE) de exigir a Apple que pague 13.000 millones de euros más intereses a Irlanda de impuestos no abonados al país.
Bruselas estimó que el pacto fiscal (“tax ruling”) ofrecido por Dublín al gigante estadounidense le permitía tributar apenas 50 euros por cada millón de beneficios y desveló que la compañía desvía lo que gana por sus operaciones en Europa, Oriente Medio, la India y África al país para aprovechar estas ventajas fiscales.
La Comisión animó a los Estados miembros a estudiar si quieren reclamar a Apple los impuestos que calculen que deberían haberles pagado por los beneficios generados en su territorio, pagos que si se llegasen a efectuar no se sumarían a los 13.000 millones que Bruselas le exige abonar, sino que se descontarían de esa suma.
“Los arreglos fiscales son discriminatorios. No son solo discriminatorio para las empresas, también lo es para los países y ha tenido un impacto a la hora de localizar el pago del impuesto de sociedades”, aseguró De Guindos.
“Queremos ver cuál es dicho impacto, analizarlo; en un momento en el que se está haciendo un esfuerzo importante para reducir el déficit, es fundamental que esos ingresos no se pierdan”, añadió.
Por ello, ha planteado que la Comisión estudie si, en su caso, España podría reclamar los impuestos no pagados, explicaron fuentes diplomáticas a Efe.
La Comisión se ha mostrado dispuesta a facilitar a los países la información necesaria para que hagan sus estimaciones, pero no prevé tomar una iniciativa propia en este sentido, en un ámbito tan sensible como el de la fiscalidad, que sigue siendo competencia de los Estados.
“Esto le corresponde a los países”, no a Bruselas, subrayó el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscivici, en rueda de prensa.
El Ejecutivo comunitario no puede proporcionar información del caso a las capitales hasta que Irlanda y Apple, que han anunciado que van a recurrir ante la justicia europea la decisión, pacten qué partes de la investigación pueden ser hechas públicas y cuáles deben mantenerse como información confidencial.
Bruselas ha instado en numerosas ocasiones a ambas partes a cooperar en este sentido y les ha retado a ser lo más transparentes posibles, para que la opinión pública pueda juzgar si los críticos de la decisión tienen o no razón al cargar contra la Comisión.
Una de las voces más notables entre los contrariados ha sido la del consejero delegado de Apple, Tim Cook, que llegó a calificar la decisión de “basura política”.
“Es una decisión basada en los hechos”, “las reglas son las reglas”, “la Comisión es política, pero no está politizada”, son los mensajes que Moscovici y sus colegas han reiterado una y otra vez desde el fallo.
La última palabra, no obstante, la tendrá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que a lo largo de un proceso que se espera que dure al menos tres o cuatro años deberá determinar si la guardiana de los tratados ha dado un paso en falso o si, en palabras del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, las multinacionales están peleando la “batalla equivocada”.
“Tenéis que superarlo, los tiempos están cambiando y tenéis que pagar vuestros impuestos de manera justa. Parte de éstos serán en Estados Unidos y parte en Europa. Por lo que preparaos para hacerlo”, dijo hoy interpelando a las empresas.
María Tejero Martín
