Preocupado por los cuestionamientos a sus candidatos, autoridades del partido se entrevistaron ayer con quienes llevan la chapa del PLRA en sus respectivos municipios. En la bancada liberal del Senado primero, y en el Directorio después, el ex intendente Luis Aponte recurrió para defenderse y aclarar su situación sobre una denuncia que le endilgara un sicario en la ciudad de Mbuyapey.
Rechazó la denuncia pública hecha por Augusto Suárez Ortiz, quien reveló que fue contratado por Aponte con dinero para matar al candidato colorado, Luis Ledesma.
Para el senador Fernando Silva Facetti la denuncia “es ridícula, teniendo en cuenta que la familia Aponte, tanto el candidato Luis, como la actual intendente Ana de Aponte, son de una familia tradicional y de respetable trayectoria en la comunidad”.
También las otras candidaturas del PLRA, con comprobable foja judicial preocupan dado que apuntan a obtener cargos claves en sus distritos.
En Katueté, distrito del Departamento de Canindeyú, el aspirante a edil número uno, Óscar Ocampo, fue procesado por hurto agravado en 2004.
En la ciudad de Carmelo Peralta vuelve a buscar la intendencia, Saturnino Bogado, pese a estar imputado por supuesta lesión de confianza.
Daniel Pin Martino, que se presenta como aspirante a titular de la comuna de Tacuaras, tiene condenas por secuestro y narcotráfico.
Limpio. Al Directorio acudió Cristian Benítez, quien busca la intendencia en Bahía Negra, y descartó estar imputado y que las denuncias en su contra son patrocinadas por sus adversarios. Refirió que no se abrió investigación que haya detectado faltante durante su primera administración en la comuna en el año 2007.