Controversiales decisiones marcaron los cuatro meses del gobierno encabezado por el presidente Santiago Peña, que a pesar de sus logros, cierra el año con una gran cantidad de cuestionamientos.
Entre los proyectos más resistidos se encuentra la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que fue motivo de una movilización de trabajadores que temían que sus aportes fueran utilizados para garantizar créditos del gobierno. Pero el oficialismo cedió a los pedidos y la ley no tuvo críticas. Sin embargo, la mayoría colorada apuró su aprobación atropellando y evitando el debate. Los opositores ni siquiera accedieron al texto. El apuro coincidía con un plazo que dio el FMI, que exigía una ley de pensiones, pero el gobierno negó y afirmó que su solicitud de préstamo va por separado.
Otra reciente polémica fue el autoblindaje. Los senadores colorados y aliados modificaron su reglamento interno para que una pérdida de investidura sea más difícil. Alegaron que en el periodo anterior seis senadores fueron destituidos sin motivo comprobado. Antes la aprobación era con mayoría simple, es decir, a partir de 13 votos de un mínimo de 23 senadores presentes. Con el cambio, se elevó a una mayoría calificada de dos tercios, 30 votos de 45.
Corrupción. Santiago Peña vetó en silencio la ley que permitía a la Contraloría controlar a las instituciones como la Corte, Fiscalía y otras, que ponen un bloqueo al control al enviar sus rendiciones de gastos al Tribunal Cuentas y puentear al ente contralor. La Corte asegura que la ley es inconstitucional.
Igualmente, el Congreso sancionó la ley que regula el conflicto de intereses, una ley resistida por el cartismo por tener a una gran cantidad de gerentes de Horacio Cartes en el gobierno. Hasta el momento Peña no informó si vetó o promulgó. La sanción de la ley fue en contra de la esencia del proyecto, ya que se eliminaron las sanciones en caso de incumplir la norma, la obligación de declarar a familiares y las puertas giratorias.
Otro proyecto criticado fue la ley de devolución premiada, aprobada en Diputados y que está en poder del Senado. Fue presentada por el cartista Yamil Esgaib y consiste en reducir la pena hasta el 50% a los condenados por corrupción pública si devuelven lo robado. Basilio Núñez se posicionó en contra luego de que se haya denunciado que la ley era para favorecer a su hermano, el ex gobernador Óscar Núñez, condenado a 11 años por despilfarro de recursos públicos.
La Ley de medidas extraordinarias sigue entre las polémicas. Establece un plan para emitir bonos por hasta USD 600 millones para pagar deudas con las constructoras y farmacéuticas.
Una decisión controversial fue además la absolución del ex fiscal general Javier Díaz Verón y su esposa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El Tribunal de Sentencia consideró que la Fiscalía no investigó debidamente.
Título falso. Los senadores cartistas y aliados rechazaron el pedido de pérdida de investidura contra Hernán Rivas, acusado por tener un título de abogado falso. Rivas este año tuvo que ser cambiado del JEM por el escándalo.
Finalmente, el oficialismo fue acusado por designar de forma inconstitucional a Alicia Pucheta en el Consejo de la Magistratura, fuera de plazo.
