Aunque constituyen mecanismos democráticos que desde hace tiempo son reclamados por grupos de ciudadanos, como la llamada Asociación Fuera Listas Sábanas, y varias organizaciones no gubernamentales, hasta ahora la mayoría de los legisladores y dirigentes políticos se muestran reacios a implementar sistemas de control del financiamiento político, como tampoco acceden al desbloqueo de las listas cerradas en las elecciones.
En estos días, los datos revelados por la encuesta denominada Qué quiere la gente, llevada a cabo por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), demuestra que la percepción ciudadana de que los partidos políticos utilizan fondos provenientes de actividades ilícitas, como el contrabando, el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado, para financiar las campañas electorales, ha aumentado notablemente. En el 2008, un 8% de los encuestados consideraban que se utilizaba dinero sucio en las campañas. En la actualidad, esa percepción ha aumentado en un 23,6%.
El año pasado se vivió un grave intento de retroceso, cuando en julio de 2017 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto presentado por el legislador colorado cartista Bernardo Villalba, que planteaba modificar la Ley 834/96, “que regula el Financiamiento Político”, aumentando diez veces el tope monetario de los aportantes, con lo que en vez de controlar se facilita el uso del dinero sucio en política. También se había excluido la posibilidad de que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) pueda ejercer un control minucioso. Finalmente, ante las muchas críticas, se volvieron a hacer modificaciones a la ley, pero ya no se pudieron aplicar en las elecciones internas de los partidos.
Actualmente, la Ley de Regulación del Financiamiento Político permitirá un mejor control en las elecciones generales. Es de esperar que los organismos encargados de ejercer este control puedan hacerlo como corresponde, sin bloqueo ni interferencias, como los que se han aplicado a organismos como la Contraloría General de la República, desde diversas instituciones, incluido al propio Poder Judicial.
Está visto que los legisladores y los principales dirigentes políticos no están dispuestos a facilitar este control, porque no les conviene. Lo mismo sucede con la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente en los comicios a personas capaces y honestas, sin estar obligadas a votar por listas cerradas o sábana, en las cuales se ubican figuras de oscuro historial, sin la preparación adecuada y en muchos casos conectados a grupos mafiosos. Hasta ahora, esta posibilidad permanece bloqueada en el Congreso.
La posibilidad de cambiar requiere que los ciudadanos se involucren más activamente. Solo cuando las exigencias de transparencia y de control estricto sobre la actividad política sean asumidas como una demanda colectiva, con presión y movilización, se lograrán verdaderos resultados.
