Aunque las modificaciones clandestinas se hicieron a fines del año pasado, el Ministerio de Hacienda solo se dio cuenta de los irregulares incrementos salariales tras abonar el mes de enero. Había ciertas personas con montos llamativamente superiores al que les correspondía. Parecían errores en la carga de datos en el anexo de personal. Enseguida saltó un audio en el que un sindicalista del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reconocía que había logrado su recategorización recurriendo a “un diputado amigo y aprovechando la coyuntura política”.
Los compañeros de trabajo que no recibieron el aumento pegaron el grito al cielo y denunciaron un claro tráfico de influencia que beneficiaba a ciertos directores y a unos 80 trabajadores privilegiados.
Muy pronto se hizo evidente que lo del MAG era una pequeñez frente a la totalidad de 2.133 funcionarios públicos de 35 instituciones estatales que obtuvieron reajustes a espaldas de Hacienda. Solo los que dependían del Ministerio de Salud eran más de 500. Los aumentos eran sustanciales; en algunos casos superaban el 100% del salario.
Lo que ha salido a luz es bochornoso e irritante. El Gobierno hace un discurso oficial en el que habla de austeridad, contención de gastos e imposibilidad de aumentar sueldos, pero de modo subterráneo y con precisión quirúrgica algunos elegidos pasaron a ganar espléndidamente mejor. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que el proyecto de presupuesto de 2019 fue enviado al Parlamento sin aumentos salariales. Allí fue estudiado por la Comisión Bilateral de Presupuesto integrada por 40 diputados y senadores y presidida por Arnaldo Samaniego (ANR) y Dionisio Amarilla (PLRA), como vicepresidente.
Es en ese ámbito donde se modificaron subrepticiamente las cifras originales sin que el pleno ni la ciudadanía pudieran enterarse. Es poco creíble que el personal del Legislativo se atreva a tanto sin instrucciones de un parlamentario. Y es lógico pensar que el funcionario que recurrió al “diputado amigo” haya obtenido previamente la venia de las autoridades de su institución. En cualquier caso, es indispensable la participación de un parlamentario en la maniobra. Aquí radica el escándalo: el diputado o senador inescrupuloso queda bien con su amigote u operador político a costa de las finanzas públicas.
El colmo es que desde la misma entidad que debe vigilar el cumplimiento de las leyes en las instituciones del Estado, la Secretaría de la Función Pública, provinieron 31 pedidos de aumento mau.
Hacienda puede remediar esta avivada anulando todos estos incrementos salariales conseguidos sin concurso. Está bien, dirá usted, pero los responsables tienen que ser castigados. Y yo le contesto con toda seriedad: no me haga reír. Los culpables son varios, son parlamentarios y deberían investigarse a sí mismos. Es demasiado para nuestra podrida institucionalidad.
