“Llamé a una alta autoridad eclesiástica porque no me gustó para nada que una figura de la Iglesia estuviera hoy en el Parlamento”, dijo Horacio Cartes, molesto porque el obispo Juan Bautista Gavilán se reunió con algunos senadores para dialogar sobre un proyecto de ley. Esta frase muestra el tono asimétrico con el que se ha manejado la discusión sobre el aumento de penas a los ocupantes de tierra. Era un patrón enojado que llamaba al jefe de una empresa amiga a denunciar el mal comportamiento de sus subordinados.
Los subordinados eran miembros de la Pastoral Social que acudieron al Senado solicitando que el proyecto que elevaba hasta diez años la pena de prisión por invasión de tierras sea mejor pensado. De todos modos, llegaron tarde. Una amplia mayoría de senadores, integrada fundamentalmente por las bancadas del siempre agrarista Partido Colorado y del satelital Partido Patria Querida, lo aprobó.
La futura ley convierte en crimen dicho hecho punible, con lo cual no es posible aplicar medidas alternativas. Su objetivo es aparentemente lógico: defender la propiedad privada del flagelo de las invasiones. Ciertamente hay en este rubro delincuentes que lucran con ellas.
Solo que tratándose de una nación con una de las desigualdades en la tenencia de la tierra más fragrantes del mundo, hay que reflexionar con mucha calma. Menos del 2,5% de la población es dueña de más del 85% de las tierras cultivables. Según el Catastro Nacional solo quince grupos empresariales concentran la misma cantidad de tierra que tiene el Departamento de Concepción.
Esta situación absurda fue causada, entre otras causas, por la fraudulenta distribución de tierras públicas propiciada por Stroessner. Militares, civiles y extranjeros vinculados a la dictadura se apropiaron, en muchos casos sin tener derecho a ser adjudicados, de unas ocho millones de hectáreas. Esta fue una primera ocupación ilegal. Y de esto el proyecto no dice ni una palabra. Este es un recuerdo fastidioso para los dueños de latifundios. Eso explica los insólitos y tardíos ataques de los medios cartistas a la Comisión de Verdad y Justicia, creada en 2003, durante el gobierno de Nicanor Duarte.
Aquí comienza la asimetría de la que hablaba al principio. Se pretende criminalizar a los desesperados de hoy sin tratar con la misma vara a los verdaderos causantes del problema: los que se quedaron con las tierras malhabidas.
Confrontado a esta paradoja, Fidel Zavala, uno de los proyectistas, proclamó: “Tomo el compromiso de buscar solucionar los problemas de fondo, tenemos esa deuda con la sociedad. Presentamos un proyecto para recuperar las tierras malhabidas”. El senador sabe que no pasará nada. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tiene una tenebrosa historia de corrupción y los jueces de este país jamás enviaron a la cárcel a un terrateniente. ¡Vamos! Si no pudieron ni siquiera recuperar las plazas asuncenas ocupadas por seccionales coloradas, ¿van a poder, acaso, con enormes estancias y sojales?
No tienen intención de ir al fondo del problema. Pero al pretender castigar al más débil, armaron un desbarajuste jurídico, subvirtiendo la proporcionalidad del Código Penal. Se supone que el bien jurídico más importante es la vida, pero los senadores establecieron que el daño a la propiedad privada tenga penas superiores a ciertos atentados contra la vida.
Votaron esta ley desmedida sabiendo que el aumento de las penas carcelarias no reduce los delitos. Recuerde este dato: solo en el Departamento Central hay más de mil propiedades ocupadas. Como no hay posibilidad de medidas alternativas, centenares de personas podrían ser enviadas a la cárcel. Donde ya están casi 15.000 presos y no cabe ni un alfiler más.
En realidad, este proyecto no solucionará el conflicto y aumentará la crispación social. Pero cumplirá con un fin no declarado: demostrar quién manda en el Paraguay.
