Los legisladores deberán examinar y votar el proyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva que contiene esa despenalización parcial del aborto (en los supuestos de que se realice en los primeros tres meses de embarazo, cuando hay riesgo para la madre y en caso de penurias económicas) y que ha levantado un fuerte debate en la sociedad uruguaya.
Dos niños participan de una concentración en contra de la legalización del aborto y de todo el proyecto de ley que votará la Cámara de Diputados del Parlamento uruguayo mañana en el centro de Montevideo. EFE | Ampliar imagen
En vísperas del debate parlamentario, cerca de 3.000 personas, lideradas por la organización Pro Vida, marcharon hoy por el centro de Montevideo en contra de esa legalización.
El representante de la mesa coordinadora de Pro Vida, Néstor Martínez, declaró en el marco de la marcha que “la vida humana no es negociable”.
La discusión parlamentaria promete ser enconada, pues aunque la coalición en el poder, el izquierdista Frente Amplio, defiende esta reforma, hay diputados en sus filas que se han mostrado contrarios.
En la oposición, el Partido Nacional o Blanco se opone a la ley, pero en el Partido Colorado hay diputados que sí son partidarios de esta despenalización.
Para mayor complicación del panorama, el presidente del país, el socialista Tabaré Vázquez, ha indicado en varias ocasiones que vetaría esa ley si llegara a aprobarse.
No obstante, no está claro cómo podría concretarse ese veto, pues para emitirlo necesitaría el acuerdo del ministro correspondiente, en este caso el de Sanidad o un consenso del Consejo de Ministros.
De momento la iniciativa ya fue aprobada por el Senado, de ahí el interés ante lo que pueda ocurrir mañana y tras las presiones que la Iglesia Católica (con poca voz en este país laico) ha intentado ejercer sobre el debate en los últimos días.
Este fin de semana, el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, sumó su voz a la polémica al afirmar que los legisladores que apoyen la despenalización del aborto quedarán excomulgados “ipso facto”.
“De por sí está en el derecho canónico que todo aquel que vote, apoye o promueva el aborto entra de hecho en la excomunión. Y es una excomunión, según dice el derecho canónico, que actúa inmediatamente”, dijo Cotugno en declaraciones al diario El País.
El religioso añadió que analizará la posibilidad de promover la llamada “excomunión formal” de los legisladores que apoyen la ley y que es “el resultado del análisis de una situación. Se hace un juicio y puede decidirse la excomunión, que sea una sentencia”.
Las declaraciones de Cotugno fueron rebatidas por legisladores tanto del grupo en el Gobierno como de la oposición, e incluso por algunos contrarios a la reforma de la Ley.
Hoy, el diputado blanco Jaime Trobo, dijo en declaraciones a la cadena de radio El Espectador, que la postura del arzobispo no debería influir en absoluto en las votaciones.
El diputado colorado Washington Abdala calificó de “exceso” las afirmaciones de Cotugno, quien “a esta altura, ya se juzga solo”, y se mostró favorable a que el asunto sea resuelto en un referendo dado su calado social.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio Luis Gallo, uno de los impulsores de esta ley, dijo que las palabras de Cotugno suponen una “presión” en este proceso, aunque no le extrañó la postura de la Iglesia.
Para el diputado Iván Posada, del Partido Independiente (también contrario al aborto) las palabras de Cotugno “fueron fruto de una posición dogmática y autoritaria”.
Alvaro Vega, del Frente Amplio, fue irónico: “pensé que la Inquisición había terminado, pero parece que no”.
Al tiempo que mañana se producen las discusiones sobre esta despenalización parcial del aborto, están convocadas sendas concentraciones por parte de Pro Vida y de la organización pro abortista Mujer y Salud en Uruguay, en las inmediaciones del Legislativo.
