En las legislaturas de los gobiernos anteriores, el Parlamento metía mano a gusto y paladar en el proyecto de Presupuesto de Gastos de la Nación enviado por el Poder Ejecutivo. En el periodo de estudio en la Comisión Bicameral y en ambas cámaras, los diputados y senadores introducían modificaciones de acuerdo a un plan urdido con el propósito de favorecer a algunos sectores vinculados a ellos por motivos clientelistas y prebendarios.
De esa manera, el Poder Legislativo se arrogaba facultades propias del Ejecutivo y, sin criterio de racionalidad alguna, abultaba las obligaciones de pago del Ministerio de Hacienda a un porcentaje muy superior a lo que realmente le permitían afrontar sus recaudaciones.
Esa irresponsabilidad cíclica de los legisladores, que cada año se volvía más insostenible, hizo que el actual Gobierno elaborara un proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal que en su momento fue aprobado por ambas cámaras.
Su propósito es “asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, teniendo como meta resultados fiscales que no causen efectos negativos sobre la estabilidad macroeconómica , preservando el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos”.
El parágrafo 1 del artículo 7 es muy explícito al decir que “el déficit fiscal anual de la Administración Central, incluidas las transferencias, no será mayor que el 1,5 por ciento del PIB estimado para dicho año fiscal”.
El instrumento legal es de meridiana claridad, entonces: pretende que en la Ley del Presupuesto no se asignen cifras que no van a contar con el respaldo de las recaudaciones y vuelvan, por lo tanto, de cumplimiento imposible un significativo porcentaje de lo consignado en los papeles.
Al aprobar la ley, tanto diputados como senadores, daban a entender que estaban de acuerdo con ponerse un freno a sí mismos y a abandonar su perversa injerencia en los números enviados por la Presidencia de la República. Era un compromiso de acatamiento al imperativo de racionalizar el gasto público excediéndolo apenas hasta el límite de lo tolerable y, al mismo tiempo, un pacto con el Ejecutivo para no volver a poner en serios apuros a las arcas del Estado.
Sin embargo, los diputados –los colorados, sobre todo– han borrado con el codo lo que firmaron con la mano al introducir modificaciones que hacen, según los primeros cálculos hechos por los técnicos de Hacienda, que el déficit fiscal proyectado llegue al 2 por ciento. El exceso del 0,50 por ciento que ahora tiene el Presupuesto General de Gastos de la Nación evidencia la extralimitación.
La actitud de la mayoría de los diputados refleja la soberbia y la irresponsabilidad de los que deberían haberse abstenido de retomar el viejo vicio de abusar de su poder para allanarse al criterio de la razonable previsibilidad de los gastos del Estado en el año 2015.
Ante la violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal que pretende hacer aprobar la Cámara de Diputados, los senadores deben tomar las decisiones que permitan que las aguas vuelvan a su cauce original. De lo contrario, se convertirán en cómplices de los que no han tenido ningún escrúpulo para transgredir lo que habían aprobado.