En dos meses, y más rápido de lo que esperábamos, el conjunto de legisladores que integran la Cámara de Diputados del periodo legislativo inaugurado el 1 de julio, ya demuestra, sin prurito, el nivel que pueden ofrecer, y que es todo lo que podremos esperar de ellos, nada menos que hasta el 2018.
Con total naturalidad, pero sobre todo, un gran desconocimiento de los derechos humanos, se están parapetando en estos momentos, formando una especie de blindaje corporativo, para evitar a toda costa que se proporcione una información de carácter público, al público.
Se niegan a transparentar datos sobre el número de funcionarios contratados y nombrados que tiene la Cámara, por lo tanto, menos aún están dispuestos a informar el salario que perciben aquellos.
La postura, interesadamente avalada por el funcionariado, amerita un urgente viaje de los 80 diputados, y no sabemos cuántos empleados de la Cámara Baja, a la capital de Guairá: Villarrica. Pero no para hacer turismo, sino para aprender.
Resulta que allí, desde el 2004 la municipalidad de local, precursora en la línea de la transparencia administrativa, pone a disposición de los ciudadanos no solo el salario del intendente y los concejales, sino de todos los funcionarios y contratados.
Inicialmente utilizaron carteles públicos con estos datos y otros como costos de las obras. Desde entonces, los ciudadanos pueden acceder además a cualquier dato administrativo, como las licitaciones y compras que realiza la Comuna. Hoy, con un click, lo pueden hacer a través del portal digital de la institución o concurriendo al local de la municipalidad.
Los funcionarios internalizaron el significado del derecho humano fundamental de acceso a la información. Les resulta mero trámite entregar los datos que requiera cualquier persona, sin necesidad que les expliquen para qué los pide. Comprenden que esta práctica es una garantía de la participación y control social de los ciudadanos.
La Municipalidad de Villarrica es la antípoda de lo que hoy burdamente pretende defender Diputados, invocando el derecho a la intimidad, para negar información sobre las remuneraciones de los funcionarios que están al servicio de la Cámara Baja. Personal público, pagado con dinero público. Los diputados pisotean el principio de la publicidad y el deber de transparentar el gasto público. Por eso, además del viaje a Villarrica, deberían hacer un curso sobre democracia.
