La gestión del ex diputado y ex titular de la Cooperativa San Cristóbal Juan Carlos Ozorio, salpicado por el caso A Ultranza Py, dejó a la entidad solidaria en una compleja situación, según los datos de la última memoria y balance que fueron puestos a disposición de los socios.
El documento hace un apartado en el cual se pone a consideración las condiciones en las cuales las autoridades encontraron a la cooperativa, que condice con los hallazgos que el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) había dado a conocer en su momento, luego de intervenir la institución.
Entre otros puntos, se resalta que la morosidad dentro de San Cristóbal mostraba un índice de 36,61% al cierre de octubre del año pasado, una cifra ampliamente superior a la media del sistema, que oscila usualmente entre 7% y 8%, y más elevada inclusive que el nivel de incumplimiento que se tenía a finales de la intervención del ente regulador (alrededor de 28%).
Además, cita que si se desagregan los préstamos otorgados por la vía administrativa y los concedidos por el Consejo de Administración (Conad), se tienen dos realidades diferentes. En el primer caso, la mora se ubica en un promedio de 22%, mientras que en el segundo se pega un salto importante, con un resultado de más de 60%.
En ese sentido, el reporte detalla que los créditos otorgados por vía Conad eran vistos como inviables desde el punto de vista administrativo y que el monto acumulado de este tipo de operaciones sobrepasa los G. 72.000 millones (alrededor de USD 10 millones al cambio actual), que buscan recuperarse por todas las vías habilitadas.
Más. A su vez, el informe detalla que en cuanto a las disponibilidades, se encontraron con una limitada atención al servicio de ahorro y una escasa posibilidad de dar créditos, junto con otras situaciones preocupantes, como la manipulación de los resultados de ejercicios anteriores e importantes gastos superfluos, pese a la precaria situación.
Otra cuestión apuntada fue la dificultad que se notó para acceder a financiamiento, a través del cual se buscaba crecer en la cartera de créditos; sin embargo, solo se accedió a un monto de G. 12.500 millones a través de otras cooperativas en tiempos de la intervención, con préstamos que están siendo honrados actualmente, según los datos.
La Cooperativa San Cristóbal se vio envuelta en el escándalo que el año pasado salpicó al ex presidente y fue intervenida. Luego, la entidad fue devuelta a los socios, quienes eligieron nuevas autoridades para sanear la entidad. Sin embargo, todo apunta a que el clan Ozorio, que en el marco de la más reciente asamblea volvió a ocupar cupos en el Conad por medio de elecciones, retomará el control del Consejo de Administración de la institución.
Caso Bachi y otros derivaron en demandas
Las autoridades de la Cooperativa San Cristóbal habían informado que la entidad solidaria decidió encarar acciones con la finalidad de recuperar el dinero prestado a numerosos socios que en la actualidad se encuentran en situación de mora. Uno de los casos más mediáticos es el de Basilio Núñez, quien de acuerdo con los antecedentes accedió a un préstamo a sola firma de G. 1.020.497.167, el 19 de noviembre del 2020, a un plazo de 12 meses a instancia del Consejo de Administración de la entidad solidaria. Pese a haber declarado un saldo disponible mensual de poco más de G. 2,3 millones, la cuota de su préstamo quedó fijada en G. 103 millones, de acuerdo con lo que el Incoop había informado luego de la intervención.