Por supuesto, no descarto que el fenómeno ocurra cada cierto tiempo, pero convengamos en que siempre serán las excepciones que hagan a la regla.
Si queremos provocar un cambio, tenemos que modificar el modelo, no esperar cándidamente que aparezcan los probos por generación espontánea. Un Estado inteligente establece sus reglas suponiendo que tanto los actores públicos como los privados actuarán según sus propias conveniencias, y no de acuerdo con el interés general. Un Estado inteligente trata de reducir el margen de maniobra que tengan unos y otros, busca darle previsibilidad al funcionamiento del aparato público.
De las tres patas de esta ecuación diabólica, creo que lo más lógico es empezar por la burocracia pública, generando una carrera previsible para el funcionariado del Estado que le permita prescindir de padrinos políticos, y desmarcarse de los intereses económicos de quienes financian a esos padrinos. Y eso comienza con la Ley de la Función Pública.
La semana pasada, Hacienda presentó a la Comisión Bicameral del Congreso que trabaja en los proyectos de reforma del Estado el primer borrador de una nueva ley del servicio civil. En el documento se establecen las reglas para ingresar a la nómina pública, conseguir ascensos y mejorar el salario. Básicamente, se pretende corregir la anarquía que existe hoy en la fijación de los ingresos y eliminar la vieja práctica de meterse al aparato estatal por recomendación política y sin que la dependencia a la que se le asigne requiera de sus servicios.
De acuerdo con este borrador, absolutamente nadie podrá convertirse en funcionario sin concursar. Restringe los llamados cargos de confianza a cuatro direcciones, y las contrataciones solicitadas por funcionarios electos a solo tres. Esto significa que un diputado o senador podrá traer consigo a no más de tres personas de su confianza, y ninguna de ellas podrá convertirse en funcionario permanente. Se irán cuando concluya el periodo de quien los contrató.
Los funcionarios podrán conseguir estabilidad recién a los cuatro años de haber ingresado, solo si lo hicieron por concurso y luego de haber rendido un examen de conocimiento específico sobre el área de su actividad y una evaluación sobre su desempeño.
Hoy, cerca del 90 por ciento de los más de 300.000 funcionarios públicos ingresaron sin concursar, sus salarios se definen de manera absolutamente arbitraria, independientemente de la importancia de la labor que desempeñan, y hay una legión de contratados (nunca fueron nombrados) cuya permanencia depende de sus padrinos políticos. Es un aparato monstruoso y anárquico concebido exclusivamente para sostener el modelo político prebendario.
Por supuesto que ninguna ley nueva puede tener efecto retroactivo. La intención es dar vuelta la página y que todo funcionario que ingrese a partir de ahora al Estado lo haga bajo estas nuevas reglas de juego. Eso producirá un cambio mucho más rápido de lo que pueda suponerse, porque más de la mitad de todo el funcionariado llegará a la edad de jubilarse en la próxima década.
Para provocar ese cambio se necesitará forzar a la clase política para que apruebe una ley que irá contra sus intereses partidarios, y luego exigir un acuerdo con el Poder Judicial para que no termine perforándola, como ya lo hizo con la ley vigente, que dejó a cientos de miles de funcionarios bajo tratamiento privilegiado.
No es una tarea sencilla, pero tampoco imposible. Requiere que la sociedad civil entienda la importancia radical de este cambio y presione a sus representantes en el Congreso. Solo con estos cambios de fondo podemos prever resultados diferentes. Si no, seguiremos aguardando que una cuadrilla de arcángeles tome las riendas de la administración pública y genere un cambio milagroso. Y todos sabemos que –aún si bajaran a estas tierras– los arcángeles no ganan elecciones.
