De forma unánime, el concejo municipal aprobó la ordenanza mediante la cual prohíbe la colaboración de la Policía local con las autoridades federales migratorias, y tras haber avanzado un borrador un año atrás.
La medida se convirtió en los últimos días en un reclamo urgente de las organizaciones civiles, tras el triunfo del republicano en las elecciones generales del pasado 5 de noviembre, quien durante la campaña prometió llevar a cabo la deportación de indocumentados más grande hecha en la historia del país.
El pasado lunes, Trump confirmó el plan de declarar una emergencia nacional a raíz de la crisis en la frontera con México para así disponer de efectivos militares para llevar a cabo sus anunciadas deportaciones.
“Deberíamos poder llamar a la Policía o a los bomberos sin sentir miedo”, dijo en una conferencia de prensa Zeneida Meneses, una inmigrante nicaragüense que trabaja en limpieza. “El Gobierno federal no puede estar metido entre nuestra comunidad”, agregó.
La semana pasada, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, había urgido a los concejales que aprueben la ordenanza, “especialmente ante las crecientes amenazas a las comunidades de inmigrantes” locales.
En 2017, el gobierno del entonces alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, había emitido una orden ejecutiva que limitaba la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, en inglés), pero hasta la ordenanza aprobada ayer no existía una norma que estableciera de manera permanente esas prohibiciones.
Trump ha nombrado a Tom Homan, con décadas de experiencia en el cumplimiento de las leyes de inmigración, como “zar de la frontera” y responsable de implementar las deportaciones masivas.
TEXAS, LA OTRA CARA. En sentido opuesto Los Ángeles se mueve Texas, que ofreció más de 500 hectáreas de terreno cerca a la frontera con México para se lo utilice como un gran centro de detención de migrantes indocumentados para el plan de Trump de deportaciones masivas.
En una carta, la Oficina General de Tierras de Texas indicó que está “completamente preparada” para llegar a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para permitir que se construyan instalaciones para “procesar, detener y coordinar” las deportaciones en un terreno de 567 hectáreas en el condado de Starr, al sur de Texas.
El lote está atravesado por el río Grande, frontera natural entre Estados Unidos y México. Los funcionarios de la futura Administración de Trump ya están considerando distintas ubicaciones y contactando a empresas privadas de la industria de las prisiones para ampliar la capacidad de detención de migrantes que tiene el Gobierno, según informó el medio estadounidense NBC News.
