Los abusos sexuales a menores son una afrenta para toda la sociedad e interpela a la reflexión sobre los valores que se inculcan en el seno de las familias y la comunidad educativa. Como es el lema de la campaña iniciada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia #TodosSomosResponsables, el entorno del niño, educadores y vecinos deben estar alertas ante cualquier conducta llamativa, indagar y denunciar ante las instituciones correspondientes, como la Fiscalía y la Policía, o comunicar al MINNA.
La Ley 6202/18 obliga a médicos, docentes, funcionarios de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) y a todo ciudadano a denunciar ante las autoridades judiciales los casos de abuso sexual infantil. Por esta razón es que el caso ocurrido recientemente en un colegio de Lambaré causó gran indignación, porque la propia directora y docentes omitieron el protocolo sobre el hecho de abuso, pese a la denuncia de la madre. Luego de este caso, otros más saltaron en diversos lugares.
Las niñas, niños y adolescentes abusados no siempre tienen síntomas a simple vista; sin embargo, hay que estar atentos a cambios de comportamiento, tipos de dibujo o juegos, estados de ánimos cambiantes o alterados, trastornos del sueño, miedo o rechazo a sitios o personas, como bien recuerda el Ministerio Público.
Esta institución recibe entre 7 y 8 denuncias por día sobre abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, también saltan más denuncias ante la Fiscalía que implican a menores de edad como autores, pese a que hay casos que no llegan a formalizarse ante la instancia legal.
En tanto, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) registró hasta la semana pasada 20 casos de abuso sexual infantil, que fueron denunciados en las instituciones educativas, y otros 9 por acoso sexual en el entorno escolar, correspondientes al 2022, tras dos años de encierro por la pandemia.
Los números denotan una situación de extrema gravedad: que una parte de la sociedad está muy mal mentalmente, que hace prevalecer su fuerza, intimidación o poder sobre un sector indefenso y que se aprovechan muchas veces de la dependencia de sus víctimas.
Duele cuando se informa que el 80% de este tipo de hechos involucra a familiares o personas que circundan el entorno familiar. Por eso se insiste en que el Estado debe multiplicar esfuerzos por medio de las instituciones competentes para la efectiva aplicación de políticas públicas que sirvan de apoyo a las familias, en lo educativo, moral, como una forma de prevención a la luz de estos hechos.
Los abusadores ocasionan un gran daño a las víctimas, especialmente en lo sicológico, autoestima, confianza y relación con los demás. Les afecta además en su escolaridad porque por la situación dejan de acudir a las aulas al menos temporalmente. También hay consecuencias de embarazos.
La contención por personas de su confianza y el apoyo sicológico de los profesionales serán fundamentales para que de alguna manera las víctimas puedan sobrellevar la situación y luego ponerse de nuevo de pie.
Para el abordaje multidisciplinario de los profesionales a las víctimas de abusos y de violencia intrafamiliar, el Estado no debe escatimar en proveer un presupuesto adecuado para contar con la cantidad suficiente de sicólogos y de otros especialistas en las diferentes instituciones.
La Justicia debe sancionar ejemplarmente a los autores de abusos a niños y a los que hayan permitido de una u otra forma, independientemente de quiénes sean los responsables. Tiene que ser firme para la aplicación de penas aleccionadoras.
