AFP
LONDRES, GRAN BRETAÑA
Gran Bretaña acordó una nueva Constitución para las Islas Malvinas, que refuerza la democracia local, aunque mantiene los poderes de Londres para proteger sus intereses, lo que generó una protesta formal de parte de Argentina.
La nueva Constitución, que entrará en vigor el 1 de enero, reemplaza a una versión acordada en 1985, tres años después de la guerra que opuso a Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de ese archipiélago del Atlántico Sur.
“Esta nueva acción unilateral británica constituye una flagrante violación del mandato que nos imponen las Naciones Unidas” sobre el conflicto por el archipiélago del Atlántico Sur, declaró a la prensa el canciller argentino Jorge Taiana.
Taiana dijo que “el Gobierno argentino denunciará ante la comunidad internacional esta violación de la soberanía argentina y del derecho internacional” y acusó a Londres de pretender perpetuar “una anacrónica situación colonial”.
La viceministra británica de Relaciones Exteriores, Gillain Merron, dijo en una nota que “lo que no cambia es el compromiso global del Gobierno británico con las Islas como un Territorio de Ultramar. (...) Tampoco cambia el derecho a la autodeterminación”.
La nueva Constitución fue aprobada formalmente el miércoles por la reina Isabel II, después de unas negociaciones basadas en un informe parlamentario publicado en 2007.
El nuevo texto constitucional “fortalece la democracia local, al tiempo que mantiene suficientes poderes para que el Gobierno británico proteja los intereses británicos y asegure la buena gobernabilidad global del territorio”, indicó por su parte el documento difundido el jueves por la Cancillería británica anunciando la nueva Constitución. “El mundo ha progresado desde que la anterior Constitución de las islas Falkland entró en vigor, en 1985, y las Falkland se han desarrollado considerablemente, tanto económica como socialmente”, explicó Merron.
“La nueva Constitución refleja esto”, agregó la viceministra, destacando que el documento crea un nuevo Comité de Cuentas Públicas y un Comisionado para las Quejas.
Mike Summers, portavoz del Gobierno de las islas, manifestó su agrado ante este nuevo documento.