Néstor Povigna, representante del consorcio, indicó que “llama la atención” que la Conajzar los haya descalificado por cuestiones que consideran objetables, pese a haber presentado una oferta por el canon correspondiente a la explotación de las apuestas que era superior a la de la empresa finalmente adjudicada, que es Daruma SAM. A su vez, señalaron que la firma ganadora incurrió en falencias sustanciales que debieron haber llevado a su descalificación, como la falta de presentación de su libro completo de accionistas y un balance auditado.
“Las dos empresas nacionales (que integran el consorcio) cumplíamos con todo lo que solicitaba el pliego de bases y condiciones, a pesar de que ellos dicen que no cumplimos”, señaló. Povigna aseguró que la decisión que tomaron en cuanto a la situación es presentar un recurso de reconsideración ante la Conajzar en contra de la adjudicación resuelta, y que en caso de que no sea aceptada tienen la opción de accionar ante el Tribunal de Cuentas.
direccionado. Para los representantes del oferente, la licitación estaba diseñada para que muy pocas empresas pudieran participar y la única empresa que en realidad cumplía con el requerimiento de la Conajzar, de experiencia local en el campo de las apuestas deportivas, era justamente Daruma SAM, según dijeron. “Restringir la participación ocasiona que el Estado no cuente con una mayor cantidad de ofertas”, cuestionaron.
5.000.000
de dólares es lo que perderán Dibén, gobernaciones y municipios, junto con el Tesoro, según los cálculos.