La presentación había sido hecha por abogados del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), recurriendo a la ley de acceso a la información pública, en representación de directivos de la organización ReAcción PY y la Comisión de Ciudadanos Autoconvocados, defendiendo el derecho de la población a ejercer un mayor control sobre el uso de los 1.600 millones de dólares autorizados como préstamo para la emergencia ante la pandemia, al igual que el uso de otros fondos a los que está recurriendo el Estado.
En el documento de la sentencia, el juez Florentín argumenta que “existe un interés colectivo en la correcta administración de los bienes públicos destinados a mitigar los efectos negativos que la pandemia del Covid-19 pudiera tener en la salud pública, por lo que cualquier persona, individual o colectivamente, está facultada a impetrar ante los órganos jurisdiccionales competentes esta acción popular”.
La medida supone una victoria ciudadana ante la cultura del secretismo, con la que desde hace años se ha buscado dejar impunes los actos de corrupción en la administración pública. Hasta ahora, tanto la Contraloría como el Poder Judicial se habían negado a conceder los sucesivos pedidos para que se liberen las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos, con el argumento de que violaría datos de carácter privado, contradiciendo al principio de que quienes manejan recursos estatales deben hacerlo con absoluta transparencia.
La situación especial generada por la crisis del Covid-19 ha desertado un mayor celo ciudadano por la correcta administración del Estado y ha generado una cada vez mayor corriente de expresión las redes sociales y a través de los medios de comunicación, sumado a la tarea de control que vienen ejerciendo los medios periodísticos ante la corrupción.
Esta lucha por transparencia ha obligado a las recientes renuncias del presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo, y de la presidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, ante una serie de denuncias de irregularidades y presunta sobrefacturación en compras durante el periodo de emergencia. Ambos ex funcionarios están siendo investigados por la Justicia.
La sentencia del juez Florentín sienta un valioso precedente. Hoy la propia ciudadanía puede acceder a verificar el movimiento financiero de quienes manejan el dinero que todos aportamos. Haber podido derrotar a la cultura del secretismo y obligar a que los servidores públicos rindan cuenta de su actuación fortalece a la democracia.