Editorial

Liberación de DDJJ confirma la alta corrupción en la política

La liberación de las primeras declaraciones juradas de bienes de altas autoridades y dirigentes políticos confirma los escandalosos enriquecimientos logrados desde el poder, que les resultará muy difícil justificar. Se comprueba con documentos lo que ya sabíamos: la mayoría de las autoridades y altos funcionarios acceden al poder en busca de hacer fortunas, generalmente por medios ilícitos. Lamentablemente, muchos de quienes deben proceder desde la Justicia y la Fiscalía también aparecen con sus patrimonios sospechosamente aumentados. Solo queda que la ciudadanía tome conciencia y convierta su indignación en acciones que lleven a un cambio real del sistema.

Se ha empezado a revelar y comprobar lo que la ciudadanía ya esperaba o temía: La mayoría de las altas autoridades, funcionarios y dirigentes políticos que han llegado a cargos de poder en los sucesivos periodos de gobierno han aumentado de manera escandalosa sus patrimonios personales y familiares, sin relación con sus ingresos, confirmando plenamente con documentos oficiales lo que ya sabíamos: El alto nivel de corrupción y de impunidad en que se desenvuelve la política en el Paraguay.

Luego de un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República liberó ayer un primer grupo de 2.961 declaraciones juradas de bienes y activos que corresponden a más de 2.000 altos funcionarios públicos, incluyendo a presidentes de la República, vicepresidentes, parlamentarios y autoridades judiciales que ocuparon cargos entre los años 1998 y 2017.

Las primeras revelaciones, procesadas por periodistas que vienen haciendo seguimiento a los casos de corrupción, permitieron conocer los expedientes revelados, desde casos como el del ex presidente colorado Nicanor Duarte Frutos, quien inició como un humilde trabajador de la comunicación y llegó a convertirse en potentado ganadero, pasando por el ex presidente liberal Federico Franco, quien durante solo un año de mandato aumentó un 22% su patrimonio; el ex senador y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Óscar González Daher, quien salió de la función pública con más de 90 inmuebles; el actual presidente del Congreso, senador Blas Llano, quien aumentó su patrimonio en más de G. 1.700 millones en 26 años de función pública; el senador Javier Zacarías Irún, quien llegó caminando a la Intendencia de Ciudad del Este en 2001, donde incrementó su patrimonio a G. 1.364 millones, hasta la ministra de la Corte Suprema de Justicia Gladys Bareiro de Módica, con cuentas bancarias en Suiza y Estados Unidos, además del Paraguay.

La publicación de estos documentos públicos representa otro importante hito para la transparencia política, que también se suma a la vigencia de Ley 5282, de acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Ha sido posible luego de una larga lucha ciudadana en favor de la democracia. La Contraloría anunció que seguirá dando a conocer los documentos en un plazo de 60 días hábiles, hasta alcanzar a divulgar la totalidad de las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos entre los años 1998 y 2017. En el portal de este diario, así como en los de otros medios, se han habilitado accesos a los buscadores para que la propia ciudadanía pueda colaborar aportando datos a las pesquisas.

Los indicios revelados deben servir para una investigación a fondo que pueda castigar los escandalosos casos de corrupción que corroen al ámbito político, a la administración pública y al ejercicio del poder en el Paraguay. Lamentablemente, muchos de quienes deben proceder desde la Justicia y la Fiscalía también aparecen con sus patrimonios sospechosamente aumentados.

Solo queda que la ciudadanía tome conciencia y convierta su indignación en acciones que lleven a un cambio real del sistema.

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