Luego de un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República liberó ayer un primer grupo de 2.961 declaraciones juradas de bienes y activos que corresponden a más de 2.000 altos funcionarios públicos, incluyendo a presidentes de la República, vicepresidentes, parlamentarios y autoridades judiciales que ocuparon cargos entre los años 1998 y 2017.
Las primeras revelaciones, procesadas por periodistas que vienen haciendo seguimiento a los casos de corrupción, permitieron conocer los expedientes revelados, desde casos como el del ex presidente colorado Nicanor Duarte Frutos, quien inició como un humilde trabajador de la comunicación y llegó a convertirse en potentado ganadero, pasando por el ex presidente liberal Federico Franco, quien durante solo un año de mandato aumentó un 22% su patrimonio; el ex senador y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Óscar González Daher, quien salió de la función pública con más de 90 inmuebles; el actual presidente del Congreso, senador Blas Llano, quien aumentó su patrimonio en más de G. 1.700 millones en 26 años de función pública; el senador Javier Zacarías Irún, quien llegó caminando a la Intendencia de Ciudad del Este en 2001, donde incrementó su patrimonio a G. 1.364 millones, hasta la ministra de la Corte Suprema de Justicia Gladys Bareiro de Módica, con cuentas bancarias en Suiza y Estados Unidos, además del Paraguay.
La publicación de estos documentos públicos representa otro importante hito para la transparencia política, que también se suma a la vigencia de Ley 5282, de acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Ha sido posible luego de una larga lucha ciudadana en favor de la democracia. La Contraloría anunció que seguirá dando a conocer los documentos en un plazo de 60 días hábiles, hasta alcanzar a divulgar la totalidad de las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos entre los años 1998 y 2017. En el portal de este diario, así como en los de otros medios, se han habilitado accesos a los buscadores para que la propia ciudadanía pueda colaborar aportando datos a las pesquisas.
Los indicios revelados deben servir para una investigación a fondo que pueda castigar los escandalosos casos de corrupción que corroen al ámbito político, a la administración pública y al ejercicio del poder en el Paraguay. Lamentablemente, muchos de quienes deben proceder desde la Justicia y la Fiscalía también aparecen con sus patrimonios sospechosamente aumentados.
Solo queda que la ciudadanía tome conciencia y convierta su indignación en acciones que lleven a un cambio real del sistema.
