El pasado jueves, 23 senadores votaron por el rechazo de la objeción total del Ejecutivo a la legislación que modifica el artículo 2° de la Ley 4558/11, que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas. En este caso, aumenta al 40% (actualmente es del 20%) la preferencia de las industrias locales en las licitaciones del Estado.
Neri Giménez, titular del citado gremio de importadores, lamentó que se haya dado esta decisión y si eventualmente llega a pasar lo mismo y la ley queda vigente, verán qué acción podrían seguir. Manifestó que le sorprendió lo sucedido y que justo alcanzaron los 23 votos para rechazar el veto a la ley.
Consideró que posiblemente esta mayoría se dio a partir de que el proyecto se originó en el Senado. “Ahora va a pasar a Diputados y estamos esperanzados que esta vuelta se analicen criteriosamente los efectos negativos que va a tener para el comercio y el país esta ley”, subrayó.
Giménez dijo que ojalá los diputados traten esta vez con criterio técnico y no político la normativa en cuestión. “Nosotros seguimos sosteniendo que es una ley inconstitucional. De cualquier manera, ya hemos agotado los argumentos en contra y ahora pedimos que los votos se definan con criterio analítico, técnico y no político”, acotó.
EXPECTATIVA. Por su parte, el presidente de la UIP, Gustavo Volpe, dijo que celebraban el rechazo del veto a la ley en la Cámara Alta, pero mantienen cautela respecto a lo que pueda darse en esta instancia, aun cuando originalmente habían aprobado por más de 50 votos la ley que luego fue objetada por el Ejecutivo.
Comentó que días pasados, en una audiencia pública sobre seguro de desempleo, el senador Víctor Ríos manifestó que tuvieron un gran debate sobre la citada ley de dar preferencia a las industrias nacionales y dejar de enviar dinero a países mucho más desarrollados que el nuestro.
Volpe reiteró que es “absolutamente falso” que esta ley representará mayores costos en las compras públicas del Estado. “Es un disparate y falacia decir que le queremos obligar al Estado a pagar el 40% más. Es mentira, todos saben que en las licitaciones se establecen condiciones donde lo real es que si la industria pone un precio, le obliga a los importados a tener que bajar”, puntualizó.
Recordó que la mayoría de las compras públicas hoy se hacen por subasta a la baja electrónica y en este proceso no se puede especular y gana el que tiene la oferta más baja. “Entonces, es una falacia decir que las compras le costarán 40% más caro al Estado”, sentenció.
Reiteró que son “absolutamente falsas” las afirmaciones de la diputada Celeste Amarilla, de que esta ley solo será para beneficiar a algunas industrias locales, principalmente, las farmacéuticas. “Esta ley va a beneficiar a las industrias y las mipymes que son las que dan trabajo y aportan a la economía. Hoy las condiciones están hechas para que ganen las empresas de maletín y ya quedó al desnudo el caso de la compra de insumos para Salud y no fue la industria nacional que incurrió en esta asquerosidad de comprar en China productos a precio de banana y venderlos aquí a precio de oro. Eso sí genera alto sobrecosto”, concluyó.
PQ dice que tendrá efectos negativos
El senador de Patria Querida Stephan Rasmussen expresó que su bancada lamenta el rechazo del veto a la ley que aumenta del veinte al cuarenta por ciento la preferencia para industrias locales en las compras públicas.
“El problema de esta modificación de la ley es que ese mismo porcentaje se utiliza como un ratio de sobrecosto. O sea, básicamente, si se rechaza también la objeción en Diputados, el Estado va a poder comprar 40% más caro un producto nacional que un producto importado”.
Añadió que esto quiere decir que el Estado va a gastar cuarenta por ciento más, pero de los impuestos de los ciudadanos, que son al final los recursos que usa para sus compras. “Además de todo eso, seguramente van a ser beneficiadas unas pocas grandes empresas que ya proveen al Estado y que en lugar de tener seguramente una utilidad de 15, 20 o 30%, tendrán una utilidad del 40 o 50%”, dijo.
La Cifra
40%
es el margen de preferencia en las compras públicas que la ley vetada pretende establecer a favor de la industria local.
