En esto coinciden tanto referentes políticos como técnicos, que advierten que el Estado está siendo copado por narcotraficantes.
La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), insistió en que es urgente revisar y controlar el dinero que corre en las elecciones. La legisladora fue una de las principales impulsoras del proyecto de ley de financiamiento político aprobado en el 2019 y sostuvo que es necesario aplicar nuevos controles y endurecimientos.
REFORMA. La directora de Semillas para la Democracia, Marta Ferrara, alertó sobre el crimen organizado que se apropia del presupuesto público a través de licitaciones.
Del mismo modo, culpó al sector político de no encarar en su momento una reforma del Código Electoral que –asegura– está desfasado, y de no seguir las recomendaciones de los organismos internacionales. “Cuando yo hablo de que hay una gran responsabilidad de la clase política, me refiero a la oportunidad que hubo en el 2019 de modificar las leyes y mejorar las condiciones dentro del sistema electoral. Eso incluía la ley de financiamiento político que finalmente se cambió, pero hay todavía una serie de tareas. Era la gran oportunidad que teníamos para reformar el Código Electoral, que es una herramienta absolutamente vetusta y extemporánea en todos los sentidos, se tenía que haber hecho una serie de reformas que nos ayudará a mejorar la ingeniería institucional de nuestro país, la debilidad institucional que tenemos en los distintos estamentos del Estado que hoy están copados por el crimen organizado”, sentenció.
Ferrara subrayó, en contacto con NPY, que fue un error no llevar adelante una reforma y que los cambios que se hicieron, con el desbloqueo y las urnas electrónicas, solamente se liberó y se descontroló el dinero de las campañas.
“Esa era la brillante oportunidad que tenía la clase política y, qué hizo, cambió dos cosas que no estaban entre las recomendaciones de las observaciones de la Unión Europea y la OEA, modificó el sistema electoral (lo que obligó a hacer una nueva ley de financiamiento político), es decir, desbloqueó las listas, hizo el voto preferente, y puso las urnas electrónicas, y el voto preferente qué causó –se les avisó muy bien, por eso digo que es crónica de una muerte anunciada–, liberó el dinero en la política de manera mucho más descontrolado que antes, porque cada uno pelea por su propia candidatura”, analizó Ferrara.
Finalmente, precisó que es necesaria la bancarización de las cuentas de los políticos en campaña y un refuerzo del control y la trazabilidad.
Diputados con origen dudoso
Varios diputados están siendo investigados por sus nexos con el crimen organizado.
En diversas ocasiones, diputadas como Kattya González o Celeste Amarilla denunciaron que el 80% de las bancas fueron financiadas con dinero sucio.
Entre los señalados se encuentran los cartistas Erico Galeano, Cristina Villalba y Ulises Quintana.
En tanto que desde el oficialismo Freddy D’Ecclesiis y el ya ex diputado Juan Carlos Ozorio, quien cumple prisión mientras afronta su proceso.
En el caso de Galeano, está sospechado de lavado de dinero del contrabando de cigarrillos. Transferencias de Mercury Tabacos SA (Metasa) a la cuenta del diputado y de sus estaciones de servicio del grupo Alpina SA se registran del 2017 hasta el 2019. Además figura en reportes por operaciones sospechosas de Metasa, como socio.