Las estadísticas oficiales, incluidas en el portal Rindiendo Cuentas, indican que de los G. 13,6 billones (USD 2.139 millones al cambio presupuestario) obtenidos vía deuda y disponibles para mitigar los impactos sanitarios y económicos del coronavirus, la administración de Mario Abdo Benítez ha ejecutado hasta el momento G. 11,5 billones (USD 1.809 millones), lo que equivale al 84%. En estos números se incluye parte del plan de reactivación.
Los datos del Gobierno indican que los ejes de mayor ejecución han sido el de funcionamiento del Estado, donde se incluyen pago de salarios, jubilaciones y pensiones; subsidio a los servicios básicos, que contemplan exoneraciones de ANDE y Essap; y protección social, donde entran el Pytyvõ, subsidio a trabajadores formales vía IPS y el Ñangareko.
FRACASO. La Ley de Emergencia, si bien tuvo resultados positivos en los subsidios entregados a familias vulnerables durante la crisis, fracasó en sus objetivos principales: Salud y pobreza. En esto es algo en lo que coinciden Fernando Masi y Alhelí Cáceres, directivos del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) y de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, respectivamente.
Para Masi, esta normativa reflejó lo que cada año se ve en el Presupuesto Público, problemas de gestión y corrupción. Recordó que se asignaron unos USD 500 millones a Salud, pero el sistema sanitario no tiene el equipamiento necesario y los medicamentos básicos escasean, lo que empuja a miles de familias a hacer todo tipo de actividades para suplir esas fallas.
“Hay que admitir que se ha comprado una cantidad importante de camas, pero también es cierto que hay una cantidad importante de dinero sin ejecutar y la gente está pidiendo a gritos camas y medicamentos. Es decir, hay un problema de ineptitud por no ejecutar, pero también de corrupción por los casos ya conocidos como las fallidas compras chinas. Si no hay voluntad de erradicar eso, vamos a seguir teniendo problemas incluso después de la pandemia”, reflexionó Masi.
Estas expresiones fueron compartidas por Cáceres. La economista cuestionó que gran parte del feroz endeudamiento, poco más de USD 500 millones, se destinaron a pagar salarios del aparato público, lo que “da cuenta de la ineficiencia de este Estado, corrupto, prebendario y clientelar”.
Habló de una catástrofe económica, que no pudo impedir el aumento del desempleo ni las violaciones de los contratos laborales, lo que llevó a más gente a ingresar al rango de pobreza. En ese sentido, subrayó que la cuarentena dejó más de 250.000 desempleados y 88.000 denuncias por violaciones del contrato laboral, sin que el Gobierno tenga un plan de contingencia.
“Tal ha sido la ineficiencia de este Gobierno que solamente en la zona de los bañados de Asunción tenemos a 700 familias que se alimentan gracias a las ollas populares y no a las políticas de contención implementadas por el Gobierno”, disparó.
La directiva de la Seppy concluyó diciendo que urge una transformación real del Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos básicos.
“Podemos decir con total seguridad no sólo que el direccionamiento y utilización de los recursos obtenidos a través de la Ley de Emergencia han sido un fracaso absoluto, sino que este Estado, corrupto y prebendario, es insostenible e incompatible con la vida, la democracia y la libertad”, manifestó.
Transferencias atenuaron pobreza
Según los informes lanzados días atrás por el Gobierno Nacional, las transferencias directas realizadas dentro de la Ley de Emergencia impidieron que el número de pobres se dispare por la crisis sanitaria y económica.Los documentos oficiales indican que sin los desembolsos adicionales por Tekoporã, pensión para adultos mayores y Pytyvõ, la pobreza total se dispararía del 26,9% al 30,1% de la población, lo que implica que cerca de 233.000 personas evitaron caer en este rango.Con respecto a la pobreza extrema, el informe da cuenta de que estos tres programas de subsidios impidieron que caigan en este indicador 183.936 personas.
