Esta propuesta, elaborada por el Equipo Económico Nacional, contempla la prohibición de incrementar los salarios del plantel público en años electorales (internas y generales), como lo son este 2022 y el 2023.
Incluye, asimismo, la prohibición para que el Congreso Nacional apruebe iniciativas que impliquen modificaciones al sistema tributario interno, en cuanto a reducción o limitación de ingresos fiscales.
Esta normativa está en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal, ya que el objetivo del Gobierno es que se pueda retornar a la regla fiscal en 2024, de acuerdo con el plan de convergencia.
Celeridad. Para el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, es clave que el Congreso pueda dar tratamiento a esta ley lo antes posible.
El jefe del Equipo Económico mencionó que, además de los proyectos que buscan ampliar el gasto en remuneraciones, están a la expectativa propuestas que impactarán en la recaudación tributaria. En total, se estima que los planteamientos relacionados a impuestos como el IVA y el ISC, dejarían un déficit de aproximadamente USD 300 millones.
Recordó que tras superar la pandemia, los próximos meses se tornan nuevamente complicados por la crisis climática que golpeó al agro, lo que indefectiblemente también afectará a los ingresos y al financiamiento del Presupuesto Público. La última estimación hecha por el Banco Central habla de que el PIB crecerá solo 0,2% este 2022, frente a una previsión inicial del 3,7%.
En ese sentido, enfatizó en que si se sancionan normativas que resten ingresos al Fisco o que aumenten los gastos, es necesario ver si eso será cubierto con recortes a otros rubros del Presupuesto del Estado o si ese agujero se trasladará al contribuyente en otros impuestos.
Advirtió finalmente que, en caso de ser sancionados estos proyectos sin tener en cuenta las recomendaciones técnicas, el Ministerio de Hacienda recomendará al Ejecutivo el veto total.