De la conferencia participaron la ministra de Hacienda, Lea Giménez; el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa; el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos; y el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Benigno López.
La titular del Fisco fue la principal oradora. Afirmó que este proyecto apunta a eliminar la discrecionalidad a la hora de administrar fondos que les pertenecen a los trabajadores, lo que evidentemente molesta a algunos sectores que intentan confundir a la opinión pública.
Remarcó que la creación de la superintendencia de jubilaciones no significa que ese ente manejará los fondos jubilatorios, sino que actuará únicamente como regulador y supervisor del sistema.
“No podemos tener administradores de fondos previsionales que no estén regulados y que se manejen de manera totalmente arbitraria, (porque) eso es lo que tenemos, un partido de fútbol sin reglas”, expresó la ministra de Hacienda.
Obligación. El titular del BCP, por su parte, insistió en que la supervisión de las previsionales es una obligación constitucional que tiene el Gobierno, en base al artículo 95 de la Carta Magna del 92.
Indicó que la superintendencia no actuará como un administrador de recursos, sino como lo hace actualmente la Superintendencia de Bancos, garantizando reglas y criterios mínimos de tal manera a garantizar que los recursos de los bancos y sus ahorristas estén a salvo.
El titular del IPS agregó que la previsional ya el año pasado emitió una resolución de apoyo al citado proyecto de ley, ya que, a criterio de esta entidad, los reglamentos tienen que estar dictados por un órgano regulador e independiente, de tal manera que el supervisado pueda tomar medidas prudentes.
Aseguró que el IPS no perderá su autonomía, ya que seguirá tomando las resoluciones con respecto al manejo de los aportes y los planes de inversión.
Finalmente, el ministro de Trabajo dijo que los regulados no pueden ser reguladores, de lo contrario, podrían repetirse nuevos casos de desvío de los fondos jubilatorios.
Enfatizó en la necesidad de que el dinero de los aportantes y jubilados sea protegido con mayor rigurosidad, lo que garantizaría la buena salud de las previsionales.