El presunto desvío de los G. 3.700 millones del Ministerio de Agricultura, cuya prescripción fue confirmada, sigue dando que hablar. Recientemente el ministro de la Corte Alberto Martínez Simón dijo que está pendiente de sanción en el Congreso el proyecto de Ley Antichicanas; sin embargo, el senador Fernando Silva Facetti mencionó que es la Corte la que debe remitir las modificaciones.
Se trata del proyecto de ley que modifica el artículo 420 del Código Procesal Penal “Que establece nuevo régimen unificado de recusaciones contra ministros de la Corte y magistrados judiciales en distintos fueros de la Justicia ordinaria...” Lo que se pretende es limitar el abuso de la recusación con fin meramente dilatorio.
Sin embargo, el senador Fernando Silva Facetti (PLRA) detalló que “el proyecto tal cual fue presentado por la CSJ (Corte Suprema de Justicia) adolece de varios cuestionamientos de índole constitucional y convencional”, sostuvo.
Recordó que en julio del año pasado se hizo una audiencia pública que integraron representantes de varias instituciones, como del Poder Judicial, Presidencia, Defensa Pública, Ministerio Público, de la Comisión de Reforma Penal, parlamentarios y abogados.
“En la mesa de trabajo, donde se manifestaron argumentos técnicos en contra del proyecto, la misma Corte se habría comprometido a hacer llegar una propuesta alternativa, que a la fecha no hemos recibido la mencionada propuesta”, refirió Silva.
RECUSACIONES. El proyecto plantea limitar la recusación, “utilizado como un mecanismo para prolongar plazos”. La propuesta habla de multas de hasta 100 jornales para las recusaciones extemporáneas o inadmisibles y de hasta 50 jornales para recusaciones manifiestamente improcedentes, tanto a las partes como al abogado patrocinante. También prevé suspensión en el ejercicio de la profesión por 6 meses y hasta pérdida de honorarios.
Además, se pretende ajustar la recusación a un solo procedimiento, en los juicios de los fueros penal, civil, niñez y adolescencia, lo cual analizaron varios que resulta improcedente.
Esto trajo muchos cuestionamiento, ya que, según penalistas, “busca trasladar a los abogados y justiciables la responsabilidad de los magistrados por la mora judicial”.
OTRA PROPUESTA. Luego de la audiencia pública realizada en julio del 2022, el abogado Enrique Kronawetter, actual representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, refirió que él propuso otra salida a las dilaciones.
Explicó que el proyecto de Martínez Simón pretende que se pueda recusar una sola vez, pero que resulta inaplicable.
Entonces planteó una propuesta para combatir la morosidad judicial, integrando un párrafo al Código Procesal Penal donde diga que una recusación, en la instancia que fuere, suspende el cómputo de la prescripción y la duración máxima del procedimiento.
“Con esto, el interesado en ganar tiempo a través de chicanas no va a tener ese beneficio, si ponemos esa cláusula. No creo que haga falta una ley antichicana”, citó.
Refirió que en el caso del MAG hubiese sido diferente –y no hubiera prescripto el caso– si se ponía esa modificación.
La misma Corte se comprometió a hacer llegar una propuesta alternativa, que a la fecha no hemos recibido. Fernando Silva Facetti, senador.
Propuse agregar al CPP que ‘una recusación en la instancia que fuere suspende el cómputo de la prescripción’”. Enrique Kronawetter, representante del Ejecutivo.
Propuesta fue analizada luego de dos años
El proyecto del conocido popularmente como la Ley Antichicanas, fue presentado por el Poder Ejecutivo en abril del 2019 y justamente lo hizo el ministro Alberto Martínez Simón una vez que asumió ese cargo en la Máxima Instancia Judicial.
Ese planteamiento lo puso sobre la mesa para que sus pares lo puedan analizar y modificar y luego de eso oficializar como proyecto de ley.
29 de mayo del 2020. Luego de un año, oficialmente se presenta la propuesta de modificación ante el Congreso nacional, esperando aceptación.
2 de junio del 2020. Luego de eso, en junio se envía a la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, del Senado.
24 de noviembre del 2021. Luego de una sesión del pleno de la Corte Suprema decidió remitir urgimiento al Senado.
25 de julio del 2022. La Comisión de Legislación del Senado realiza la audiencia pública con miembros de la Corte Suprema, el Ministerio Público y representantes de otras instituciones y gremios, es decir, dos años después de que llegue al Congreso.
Ahora está pendiente ese proyecto de ley y la nueva propuesta que recomendó el abogado Enrique Kronawetter.
