El ministro y presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, habló de que la Ley Antichicanas que hasta ahora no se sancionó en el Congreso, ayudaría contra las masivas dilaciones que plantean los abogados. Además, reconoció que las propias autoridades tardar a veces en sacar resoluciones.
La reciente prescripción del presunto desvío de G. 3.700 del Ministerio de Agricultura (MAG) causó gran controversia y a raíz de esto el ministro fue consultado por el caso, en contacto con Monumental.
Mencionó que la recusación es el recurso del que realmente se abusa.
“En el año 2019... habíamos planteado en el pleno de la Corte la discusión de un proyecto de ley que fue remitido al Poder Legislativo y que hasta ahora duerme ahí el sueño de los justos”, lanzó.
Dijo, además, que fue iniciativa legislativa en llamarlo Ley Antichicanas, pero que en realidad no tiende a eliminar todas las chicanas, “si no la más recurrente, que es el tema de la recusación sin límite, que la ley permite plantear en todas las instancias, “repitiendo argumentos ya expuestos”, expuso.
“En ese anteproyecto no era eliminar la recusación, sino que era reducirlo a términos razonables, de modo tal a que prevalezca el principio de juez natural y que por excepción se pueda recusarle”, expresó Martínez Simón.
Este proyecto está desde hace 4 años en la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores y sigue sin ser tratado por los legisladores.
RECURSOS COMO DILACIÓN. El ministro explicó que si bien los recursos son resortes previstos en la ley, los abogados echan mano abusiva para extinguir una causa, sin que se puede llegar a tratar el asunto, tal como ocurrió en el caso en el supuesto desvío de G. 3.700 del MAG, cuyo destino nunca se supo dónde fue a parar, porque prescribió.
Reconoció, por otro lado, “que muchas veces se tardó en exceso de dictar las resoluciones”, en relación a los meses e inclusive años que tardan el Tribunal de Apelación y la Corte en sacar fallos.
Por otra parte, según el ministro, a diferencia de años anteriores, en el 2022 sancionaron a más de 70 abogados, “la gran mayoría por prácticas chicaneras”, y que incluso llegaron a cazar matrículas a 7 profesionales del Derecho.
Fue justamente por las prácticas de recusar con evidente intención de dilatar la causa. O por algo que se hace bastante, que es renunciar al mandato de un acusado y hacerlo el mismo día de la audiencia, con lo cual queda suspendida.
Lanzó que los abogados tienen que tener mucho cuidado de los recursos que van a utilizar, “porque cualquier ejercicio abusivo del derecho es duramente sancionado”. Esto, sin embargo, no se evidencia en los últimos casos de corrupción.
