“Ellos están buscando muertos políticos, muertos sociales en las intervenciones e investigaciones que inician, y saben que hay riesgos en la legislación del texto que prepararon, por eso hablan de que eventualmente se tranquen con inconstitucionalidades”, dijo a este diario, en una entrevista publicada en formato de podcast.
En su opinión si se incluye en la concepción democrática el que para tomar decisiones por mayoría debe haber deliberaciones, discusiones, razones, en el proceso que se siguió para aprobar la mencionada ley, no existieron tales condiciones.
“Hay muchas cosas que pueden demostrar que no solamente son claves sumar y restar mayorías, y que en este caso las mayorías están atropellando las posiciones minoritarias, desconociendo, omitiendo o descuidando argumentos atendibles”, formuló. Paraguay, como parte de la comunidad internacional es observado en cómo se ejercen esos derechos y en el cuidado de las minorías y otros aspectos. Por eso asegura que afectará al país la actuación de los cartistas. ¿Cuánto?, no sé, Habrá que ver una vez que esta ley se implemente y cómo”, aclaró.
También dependerá de cómo actúa la Corte Suprema de Justicia, a la que no se descarta que las organizaciones de la sociedad civil planteen acciones legales en contra de la inconstitucionalidad de la ley. “Ese es un paso que todavía no está dado, la ley va a salir con algún texto, se verá cómo se ven afectadas o no las entidades y las personas, y si se van o no a la Corte y veremos qué dice”.
El doctor Manuel Riera no duda en señalar el sesgo de la ley que no solo se evidencia en la exclusión de algunas instituciones del listado inicial de organizaciones incluidas en el proyecto de ley originado en el Senado, sino en las expresiones del propio senador Gustavo Leite, filtradas en un audio, donde reconoce claramente la intención de controlar el origen y destino de los fondos privados que administran las oenegés. Además, resalta que Leite es juez y parte, porque su esposa y él están vinculados a una oenegé.
Para él las actividades privadas, en el ámbito privado, fondeadas con fondos privados para incursionar en actividades autorizadas como son las del gobierno, “no tendría por qué estar transparentando absolutamente nada”. Más aún sabiendo que eso ya existe, puesto que cada organización sin fines de lucro, para existir pasa por numerosas instituciones de control y fiscalización como el BCP, la Seprelad, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, etc.
“El presidente debe vetarla”
La ley contra las oenegés debe ser vetada por el presidente, dice, Tina Alvarenga, de la articulación Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY) Para ella se trata de una ley inconstitucional, “que pretende cercenar el derecho de organizarnos, que está garantizado por nuestra Constitución”. Si el presidente se considera realmente democrático, insiste, debe vetarla “si no, es una forma bastante dictatorial de control hacia quienes osan tener una mirada crítica sobre lo que pasa en nuestro país”. Las oenegés, dice, están hipercontroladas y auditadas, por lo que no se precisa de una ley de transparencia.
