27 oct. 2025

Lento proceso tienen diputados que intentaron archivar el juicio político

El intento de salvataje a la fiscala Sandra Quiñónez dejó ver que aquellos, tanto oficialistas como cartistas, con causas estuvieron prestos para evitar que prospere la acusación opositora.

Seis de los 39 diputados que intentaron salvar a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, están procesados, cuentan con investigaciones abiertas o tienen antecedentes. Algunas de las causas, inclusive, no avanzan; dos de ellas por falta de desafueros.

En medio de un clima de incertidumbre, antes de tratar el juicio político contra la titular del Ministerio Público, llamativamente varios diputados oficialistas decidieron asistir a la sesión extraordinaria, sumándose a los cartistas y algunos liberales que están firmes en la defensa de la fiscala Sandra Quiñónez. La multibancada opositora, la mayoría de los liberales y oficialistas salieron para no dar cuórum ante la falta de votos para el juicio político.

LOS SEIS. Uno de los legisladores que más dieron que hablar en este tiempo es el diputado Erico Galeano, contra quien se abrió una investigación recientemente y hasta el momento no ha sido procesado ni su causa ha avanzado, llamativamente. Se sospecha que el político estaría vinculado en el caso A Ultranza Py, ya que hace unas semanas, tras un allanamiento que hicieron agentes del operativo en una vivienda en el complejo Aqua Village, se encontró una factura de la ANDE a nombre del legislador.

Esa casa, según sus abogados, fue vendida a Hugo González, quien está imputado por formar supuestamente parte de la organización en el caso. También se filtró un documento de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en donde figura que Galeano no declaró cuentas bancarias y viviendas ante la SET.

Otro diputado que se prestó para salvar a la fiscala general del juicio es Éver Noguera, quien está imputado por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal, en la supuesta malversación de fondos para almuerzo escolar en Guairá, junto al senador Rodolfo Friedmann.

El legislador es considerado como el más protegido tanto por el abdismo como por el cartismo, ya que pese a urgimientos de abogados, nunca se aprobó su desafuero. Además, se sospecha que logró acumular fortunas a través de contratos con el Estado, de manera irregular.

El diputado Luis Urbieta ya fue denunciado en varias oportunidades ante el Ministerio Público, pero sus casos no avanzaron. Se denunciaron irregularidades cuando él estuvo al frente de la Gobernación de Concepción y se sospecha que malversó dinero ante la falta de documentos en la ejecución presupuestaria.

En otra denuncia contra él y funcionarios, solo fue imputado su ex secretario y él se salvó. Según la demanda, hicieron una transferencia irregular de G. 200 millones días previos a unas elecciones.

No obstante, el hermano de Urbieta, el intendente de Concepción Alejandro Urbieta, está imputado por el delito de lesión de confianza por haber presuntamente ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.596.752.689 en varias licitaciones con obras mal hechas e inconclusas.

El oficialista Esteban Samaniego, sobrino de Lilian Samaniego, también estuvo en la sesión frustrada del miércoles. Fue denunciado en varias oportunidades por agresión. El último caso fue del año pasado, en el que habría protagonizado hechos de violencia, atropellando un puesto policial y agrediendo al ex precandidato a la concejalía de Quyquyhó Marcial Valdez.

También en el 2019, el senador Jorge Querey lo denunció por agresión verbal, física y daños materiales, ante la Cámara Baja, pero la causa no pasó a la Fiscalía.

En su contra está pendiente una investigación por supuesto vaciamiento de los fondos municipales de G.10.000 millones en la Municipalidad de Quyquyhó, donde se desempeñó como intendente por dos periodos.

Pese a los pedidos de desafuero, por una de sus causas, el diputado continúa protegido por el corporativismo.

Otro legislador, también polémico por sus causas abiertas, es el diputado Ulises Quintana, quien no dudó a la hora de estar presente en la convocatoria, donde se pretendía archivar el juicio político a Sandra Quiñónez. El político está procesado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en el caso del Operativo Berilo.

Su caso continúa parado por una acción promovida por la Fiscalía, luego de que el Tribunal de Apelaciones dijera que la acusación se presentó fuera de tiempo.

Quintana estuvo preso por más de dos años en el penal de Emboscada y a su salida fue candidatado por Horacio Cartes, Hugo Velázquez y Mario Abdo Benítez a la intendencia de Ciudad del Este.

Guadalupe Aveiro ingresó recientemente a la Cámara Baja, en reemplazo del ex diputado Juan Carlos Ozorio. En el 2016 fue sobreseída en una causa por abuso sexual en niños..