El Poder Legislativo prevé destinar G. 4.658 millones, equivalentes a unos USD 721.287, al pago de remuneraciones extraordinarias y adicionales a sus funcionarios durante el 2027. El monto representa un aumento del 20,7% respecto al presupuesto vigente.
Esta diferencia de G. 800 millones se traduce en USD 123.877 al cambio estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un contexto de crisis sanitaria y un déficit del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 3,9%, con una importante incidencia de viejas deudas, especialmente con constructoras y farmacéuticas.
Al desglosar el total, se observa que la Cámara de Senadores concentra el grueso del presupuesto para este concepto con G. 2.400 millones, inflando de esta manera en un 33% el gasto de este año. Le sigue el Congreso Nacional con G. 1.600 millones, que representan G. 200 millones más, mientras que la Cámara de Diputados mantiene su pedido en G. 658 millones.
Horas extras. Las remuneraciones extraordinarias están vinculadas al trabajo realizado fuera de la jornada ordinaria, que de acuerdo con la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil tiene un límite de tres horas diarias y ocho horas semanales.
Las remuneraciones adicionales, que también corresponden a una retribución temporal asociada a servicios realizados fuera del horario ordinario, son las que se pagan por las horas trabajadas después de cumplida la jornada extraordinaria o en días inhábiles. Sin embargo, el Legislativo tiene autonomía para determinar sus propias condiciones, de acuerdo con la propia normativa vigente.
En el caso del Poder Legislativo, los funcionarios cumplen históricamente 6 horas diarias de trabajo, en su mayoría de 07:00 a 13:00, según la carga horaria que aparece en la planilla de julio. Es decir, serán beneficiadas aquellas personas que trabajen más de 6 horas diarias, provocando así una desigualdad respecto a los demás funcionarios del Estado, quienes en general cumplen 8 horas al día, a excepción del Poder Judicial, donde funciona un régimen similar.
Sueldos. Los casi USD 1 millón de pagos extras se suman a los G. 440.574 millones que pide el Legislativo para el pago de sueldos de funcionarios, dietas de parlamentarios, así como gastos de representación y aguinaldos. Al cambio estimado por el MEF, representan más de USD 68 millones.
Del total, G. 31.302 millones están calculados para el pago de dietas a diputados y G. 17.608 millones para senadores, sin tener en cuenta los adicionales por representación y aguinaldo. Suman entre ambas Cámaras casi G. 50.000 millones destinados solo al pago de dietas a 125 parlamentarios.
De venir ganando mensualmente G. 32.774.840, desde el 2025, los senadores y diputados perciben mensualmente G. 37.900.000, gracias al autoaumento que habían aprobado.
Borrador excluye salvataje a caja vip de parlamentarios
En el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 ya no aparecen recursos previstos para la jubilación vip de funcionarios. En los últimos tres años se contemplaron casi G. 10.000 millones para el salvataje de la Caja Parlamentaria.
En coincidencia con la modificación de la Ley del Fondo de Jubilaciones para miembros del Poder Legislativo, su presupuesto previsto para el 2027 no cuenta con recursos para transferencias a entidades de seguridad social, rubro que enmascaraba el desembolso a la Caja Parlamentaria para salvarla del déficit.
El presupuesto 2026 incluía más de G. 4.000 millones para la jubilación vip de parlamentarios, pero al sumar los últimos tres años, el monto trepa a casi G. 10.000 millones, equivalentes a más de USD 1,6 millones al cambio actual.
Estos desembolsos fueron duramente cuestionados durante el estudio de la modificación de la ley, especialmente porque los legisladores cartistas argumentaban que se trataba de una caja privada, ante las intenciones de la oposición de eliminar directamente el fondo.
Para poner paño frío a la discusión sobre un salvataje estatal a la Caja de los parlamentarios, los colorados decidieron agregar el inciso f al artículo 6, el cual expresa: “Queda expresamente prohibido todo aporte, subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado en cualquiera de sus formas al patrimonio del Fondo”.
Sin embargo, para los opositores no hay garantías para su cumplimiento, teniendo en cuenta que la normativa vigente ya excluía la posibilidad de inyectar dinero estatal a la Caja Parlamentaria, pero de igual manera la mayoría coyuntural recurrió a mañas para incorporar este gasto a los presupuestos de los últimos años.
Además, el estudio del PGN aún no entró en discusión, espacio donde se pueden hacer modificaciones.
La modificación de la jubilación vip que mantiene privilegios para los parlamentarios todavía no fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Se encuentra en proceso de rúbrica en la Cámara de Diputados.
