Cada uno de ellos es un importante caudillo de su departamento, donde mantuvieron nexos con jueces y fiscales. En todos los casos la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que las causas fuesen llevadas justamente a los feudos políticos de los procesados.
El próximo viernes 27 de diciembre, el senador colorado Javier Zacarías Irún deberá acudir ante la jueza Penal de Garantías de Ciudad del Este, Cinthia Garcete, para una audiencia de imposición de medidas cautelares por la causa que tiene por lesión de confianza en carácter de instigador. En este caso, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva.
El pedido de prisión estuvo cajoneado unos nueve meses por diversos incidentes planteados por la defensa. Finalmente, días atrás un Tribunal de Apelaciones de Alto Paraná destrabó la causa luego de sendos pedidos del Ministerio Público.
Zacarías y su esposa, la ex intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod, están imputados en otra causa por el delito de declaración falsa, por presuntamente omitir bienes e inmuebles de sus declaraciones juradas.
La causa que la pareja consiguió que sea tramitada en Alto Paraná, a pesar de la oposición del Ministerio Público, es por supuesto enriquecimiento ilícito, y en este proceso ninguno llegó a ser imputado. La Fiscalía solicitó que se reabra una investigación antigua, ante presuntos hechos nuevos.
Finalmente, la Corte Suprema decidió que el caso sea tramitado en Ciudad del Este, tras lo cual un juez de esta ciudad denegó la posibilidad de reabrir la investigación y esto fue luego ratificado por un Tribunal de Apelaciones de Alto Paraná.
TRABADO. El diputado liberal por Alto Paraná Carlos Portillo fue imputado por la Fiscalía luego de que se divulgaran audios de conversaciones telefónicas en las que el legislador presuntamente está negociando una sentencia judicial y solicita dinero a una mujer imputada por producción de documentos no auténticos y estafa.
Poco después de que la Fiscalía presentara la imputación ante un juzgado de la capital, la defensa del legislador solicitó que el caso sea llevado a Alto Paraná. En agosto del año pasado, un tribunal de Apelaciones de Asunción decidió que el expediente sea efectivamente tramitado en el Este del país.
En noviembre de 2018, la Fiscalía formuló la acusación por tráfico de influencias contra el polémico legislador y su supuesta cómplice en la negociación, Lucía Escobar, ex secretaria general de la Municipalidad de Hernandarias.
El Ministerio Público solicitó que el caso sea llevado a un juicio oral. Hasta ahora, Cinthia Garcete, quien también es jueza en esta causa, no puede convocar la audiencia preliminar debido a incidentes que aún no fueron resueltos en segunda instancia.
REVOCADO. En julio de este año el diputado colorado por Paraguarí, Miguel Cuevas, fue imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. También fueron procesados su esposa, Nancy Florentín, y su hijo, Enzo Cuevas.
En agosto, la defensa del legislador logró que el proceso sea llevado a Paraguarí, mediante un recurso de excepción de incompetencia de jurisdicción admitido por el entonces juez Miguel Tadeo Fernández.
La Fiscalía apeló esta decisión y en noviembre la Cámara de Apelaciones dispuso que la causa sea nuevamente tramitada en la capital. Hasta ahora no se hizo la audiencia de imposición de medidas al legislador debido a varios incidentes planteados por la defensa. La Fiscalía afirma que Cuevas no puede justificar egresos por G. 1.705 millones.