En aquella votación del Senado para la integración de la terna, hubo incluso una segunda vuelta, en la que ganó la terna integrada, además de Godoy, por Alejandra Peralta de Merlo y Narciso Ferreira.
En total se habían propuesto cuatro ternas, y también se había conformado para el cargo de defensor adjunto.
Además, se había instalado un debate aparte, en relación al mandato de las autoridades de la Defensoría del Pueblo.
Se hizo hincapié en que en la Constitución Nacional se establece que debe coincidir con el periodo presidencial y parlamentario, pero que en la realidad no es así. Hasta se puso a votación, pero el resultado fue que se mantengan los cinco años, sin tener en cuenta el periodo.
En cuanto a los cargos, fueron claves los 24 votos de los colorados y liberales que sumaron la mayoría en el Senado, beneficiando a Godoy.
En Diputados prácticamente el caso se constituyó en mero trámite, ya que obtuvo 61 votos para su reelección. En la Cámara Baja, fueron los cartistas, a través de Raúl Latorre, quienes propusieron la reelección de Godoy, quien tuvo el apoyo mayoritario.
La diputada Kattya González propuso a Alejandra Peralta, “en nombre de la bancada de oposición”, destacando la preparación académica; sus publicaciones (libros, artículos); y la experiencia laboral de esta persona dentro de la función pública.
Pese a que la moción fue respaldada por los legisladores Sebastián Villarejo, de PPQ, y la liberal Celeste Amarilla, no se consiguió el respaldo necesario y el cartismo, respaldado por otros colorados y liberales, se alzó con la victoria de reelegir a Godoy.
Ya durante su primera gestión, varios senadores y diputados de la oposición se hicieron eco de supuestas denuncias sobre violencia por parte del defensor, incluso se había tomado con varias autoridades.
Además, se hizo referencia a recomendaciones internacionales respecto al perfil que debe reunir el defensor, y diversas organizaciones de derechos humanos vetaron inclusive a Godoy.
Se rasgan las vestiduras. A casi un año de la reelección de Godoy, tanto en el Senado y en Diputados se viene cuestionando nuevamente el accionar del mismo, y hasta se considera que corresponde impulsar un juicio político, lo cual depende de los integrantes de la Cámara Baja, donde tímidamente se analiza el tema.
Recientemente, en la sesión del jueves pasado del Senado, el luguista Carlos Filizzola comentó que en la Comisión de Equidad y Género recibieron a más de 10 mujeres que denunciaron al defensor del Pueblo por violencia sicológica y laboral. “Se pasa violentando de distintas maneras a funcionarias o ex funcionarias, el que debe velar por los derechos humanos de la gente. Eso es lo que menos hace”, cuestionó.
Georgia Arrúa, de Patria Querida, puso el dedo en la llaga hablando de la necesidad de asumir la responsabilidad política de una mayoría aliada que permitió la reelección de Godoy, aún conociendo las denuncias.
ASÍ HABÍAN VOTADO LOS SENADORES LA TERNA PARA DEFENSOR DEL PUEBLO
TERNA PROPUESTA POR JUAN DARÍO MONGES
Miguel Godoy, Alejandra Peralta de Merlo y Narciso Ferreira
ANR-AÑETETE
Juan Afara
Martín Arévalo
Enrique Bacchetta
Arnaldo Franco
Rodolfo Friedmann
Juan Darío Monges
Derlis Osorio
Blanca Ovelar
Silvio Ovelar
Ramón Retamozo
Enrique Riera
Óscar Salomón
Lilian Samaniego
Javier Zacarías
ANR-HONOR COLORADO
Antonio Barrios
Juan Carlos Galaverna
Sergio Godoy
PLRA
Enrique Buzarquis
José Ledesma
Abel González
Zulma Gómez (+)
Blas Lanzoni
Hermelinda Alvarenga
Octavio Schatp
TOTAL: 24 VOTOS
TERNA PROPUESTA POR HUGO RICHER
Jorge Rolón Luna, Diana Vargas y Arnaldo Martínez Prieto
HAGAMOS
Gilberto Apuril
PLRA
Eusebio Ramón Ayala
Amado Florentín
Carlos Gómez Zelada
Juan Bartolomé Ramírez
Fernando Silva Facetti
FRENTE GUASU
Carlos Filizzola
Fernando Lugo
Esperanza Martínez
Sixto Pereira
Jorge Querey
Hugo Richer
Miguel Fulgencio Rodríguez
PARTIDO DEMOCRÁTICO PROGRESISTA
Desirée Masi
Pedro Santa Cruz
TOTAL: 15 VOTOS
TERNA PROPUESTA POR STEPHAN RASMUSSEN
Alejandra Peralta de Merlo, Liliana Zayas y Carlos Vera Bordaberry
PATRIA QUERIDA
Georgia Arrúa
Stephan Rasmussen
Fidel Zavala
HAGAMOS
Patrick Kemper
TOTAL: 4 VOTOS
ABSTENCIÓN
PLRA
Blas Llano
AUSENTE
PLRA
Víctor Ríos
Observación: Sesión extraordinaria del 2 de noviembre del 2021 del Senado para la elección de ternas de Defensor del Pueblo.
FUENTE: SENADO
24
senadores colorados y liberales habían aprobado la terna con Miguel Godoy para defensor del Pueblo.
61
diputados reeligieron a Miguel Godoy en el cargo de defensor del Pueblo, de la terna remitida por Senado.
La Contraloría puso al defensor en la lista negra por indicio de hecho punible
En el informe anual de la Contraloría General de la República, entregado recientemente al Congreso, se dedica un capítulo aparte a la Defensoría del Pueblo, cargo ocupado por Miguel Godoy.
“Se han detectado hechos que están siendo denunciados. Tienen que ver con la utilización de combustible sin respaldo en el balance. Figura el pago de combustible pero no existe evidencia de que se haya usado”, fue lo que informó el contralor Camilo Benítez a los periodistas.
Además, hizo referencia al cobro de carnet de objetor de conciencia. Por este hecho, la abogada Diana Vargas presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público.
“No tiene un respaldo de la cantidad de carnets emitidos versus la cantidad de dinero oficialmente ingresado a la Defensoría. Está en el informe final. Tiene indicio de hecho punible que será remitido al Ministerio Público”, fue lo que anunció el contralor.
Otra cuestión que había mencionado Benítez fue el pago a proveedores con caja chica, alegando que se vulneró la norma que regula el monto por día. “Se excedió”, remarcó Benítez.
Mencionó la existencia de comprobantes de pago por G. 46 millones por mantenimiento y reparación, pero sin detalle, alegando que aparentemente no se hizo.
Acotó que de acuerdo con los análisis realizados por fiscalizadores de la Contraloría, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo habrían cargado combustible en sus vehículos particulares.
“Podría no ser índice de fraude, sino un error administrativo que amerita corrección”, dudó el contralor.
En cuanto al cobro de G. 337 millones a objetores de conciencia, sostuvo que no hay documentos respaldatorios.
