La inversión extranjera directa es el termómetro más claro y contundente sobre la confianza que existe hacia la economía de un país, pues, en la práctica, implica la decisión de arriesgar capital con la expectativa de obtener rentabilidad. El Paraguay, mirado desde ese punto de vista, sigue rindiendo un examen mediocre.
El último resultado que dio a conocer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mostró un crecimiento del 11% en el flujo neto de IED en el 2017 por un total de unos USD 356 millones en el flujo neto.
Este flujo neto es el dinero que finalmente queda en el país una vez que las empresas extranjeras hayan remesado sus ganancias a sus matrices de origen.
El Gobierno de Cartes montó durante los últimos cinco años el discurso marketinero del país simple y barato, de macroeconomía estable y una mano de obra joven dispuesta a aprender. El ministro Gustavo Leite se embanderó a la causa y salió de paseo por el mundo invitando a invertir.
Pero a juzgar por los resultados poco y nada convenció, pues en los últimos cinco años los volúmenes se mantuvieron a un promedio de USD 327 millones, que si lo comparásemos con los demás países de Sudamérica nos ubica en el penúltimo lugar.
Es que existen razones de fondo sobre el porqué una economía que se muestra estable y en constante crecimiento no genera interés.
Todo inversor internacional antes de traer su capital hace lo que se conoce como due diligence, que en español sería la debida diligencia. Esta consiste en una investigación previa a profundidad sobre una empresa, en este caso, un país, al que explora para invertir.
Al hacer este ejercicio, al inversor le saltará que este mes Transparencia Internacional ubicó al Paraguay en el puesto 144, entre 180 países con mayor percepción de corrupción, y que en el historial de los últimos cinco años no solo no avanzó, sino que ha bajado un peldaño más en el 2017.
Encontrará que en el último informe de Basilea sobre lavado de activos, nuestro país está en la posición Nº 16 entre los de mayor riesgo a nivel mundial, siendo además, el peor ubicado en América Latina desde el año 2013.
Sorprendido por estos datos, bastará con que el interesado chequee las noticias locales para que le aparezca que un tal Darío Messer, considerado amigo íntimo del propio jefe de Estado, metido en un escandaloso esquema trasnacional de lavado de dinero. Se enterará de que mecanismos de inteligencia, como Seprelad, fueron alertados en 2015, pero entregaron al Ministerio Público el informe recién en el 2018, meses después de las elecciones internas de la ANR.
Contrastando fuentes sabrá que el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) reporta que en Paraguay la evasión del impuesto a la renta es del 30% y del IVA, 50%, y, en ese momento, se preguntará al hacer cálculos si vale la pena competir en tales condiciones.
Y, finalmente, cuando indague sobre cómo está la seguridad jurídica los datos del Foro Económico Mundial le dirán que este pequeño país tiene el tercer peor sistema judicial del mundo.
El resultado será obvio. Su proyecto de inversión pasará de largo en un país que en el discurso pinta muy bien, pero en la realidad huele muy mal.