No fue fácil. Este desenlace tiene una larga historia de batallas judiciales, siempre con el objetivo de mantener oculta y bajo siete llaves la declaración jurada de los políticos y altos funcionarios que temen dar a conocer sus bienes no por temor a secuestros como absurdamente postularon, sino para evitar preguntas incómodas sobre el crecimiento inexplicable de sus bienes.
Esta misma semana, la Cámara de Diputados realizó un último ataque. El martes aprobó una ley vergonzosa que despenaliza las declaraciones juradas falseadas. O sea, legalizaron la mentira para evitar eventuales procesos penales. Delincuencia pura apoyada por casi la totalidad de la bancada colorada, muchos liberales y varios tibios. Lo cual revela la semblanza impúdica de una cámara que viene perpetrando sistemáticamente innumerables decisiones que atentan contra todo intento de racionalidad política, administrativa y legislativa. Las escasísimas excepciones no tienen la fuerza para oponerse a esta aplanadora.
No contentos con esta ley, un grupo de diputados, cuyos nombres no se dieron a conocer, pidieron vía nota a la Corte Suprema que no emita la inminente sentencia porque “podrían verse afectados”, en una insólita declaración de culpabilidad. Los ministros, como corresponde, rechazaron la nota por improcedente.
A pesar de las presiones políticas, el jueves se reunió la Corte Suprema y en una sentencia de antología republicana decidió la publicidad de las declaraciones juradas. A partir de este fallo, la Contraloría está obligada a difundir los datos. Un organismo que, contrariamente a su esencia, siempre fue cómplice de los políticos poniendo trabas a cualquier intento de transparencia.
Con esta decisión, la Corte Suprema reconectó con una ciudadanía hastiada de la corrupción y sin esperanzas en la Justicia. La renovación institucional generó fe ya que los 4 nuevos ministros dijeron sí a la transparencia: Llanes, Jiménez, Martínez Simón y Ramírez, votaron en forma unánime a favor de la trasparencia.
El tiro de gracia será el veto total que se anuncia desde el Palacio de Gobierno para la nefasta ley que autoriza la mentira.
UNA CÁMARA PELIGROSA. Lo citado anteriormente es apenas una muestra de los desvaríos institucionales de la Cámara de Diputados. Los antecedentes en materia de decisiones legislativas y los obstáculos que ponen a cada intento por mejorar el país la convierten en una peligrosa institución donde no hay ley ni cordura.
Se oponen a todo lo que sea castigo a la corrupción, como por ejemplo la propuesta de elevar las penas para los que manotean fondos públicos; no intervienen municipios a pesar de las pruebas de corrupción; rechazan un proyecto que pretendía eliminar las jubilaciones VIP; frenan la pérdida de investidura de sus colegas vinculados a la corrupción, contrariamente al Senado, que ya expulsó a seis de sus miembros.
Hay una alianza casi delincuencial entre colorados y liberales para trabar todo lo que signifique transparencia, castigar la corrupción, racionalización del gasto público y otros proyectos que pretenden mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables o fortalecer las instituciones democráticas. No tienen empacho en violentar las reglas ni disimular poses institucionales. Así lo probaron nuevamente con el nombramiento irregular del diputado cartista Hernán Rivas ante el Jurado de Magistrados. Un abogado sin matrícula que jamás ejerció la profesión, que no tiene idea de cómo funcionan la Justicia ni el Ministerio Público, pero será el juez de jueces de fiscales y magistrados. Una actitud temeraria que la asume un inconsciente que no tiene idea de su rol porque sabe que solo debe obedecer sin cuestionar.
Fue una semana memorable porque la Corte puso un freno, pero es apenas una batalla ganada de las muchas que quedan hasta que finalice el mandato de esta mayoría indecente que no razona y solo obedece órdenes, vive en la burbuja del privilegio, se regodea en la corrupción y ostenta prepotencia. Todo gracias al blindaje de las alianzas impúdicas que los convierte, por ahora, en una maquinaria destructora de las instituciones para favorecer visiones autoritarias.
La ceguera con la que actúan no les deja ver que crecen sectores de la población que claman por una nueva sociedad y no están dispuestos a seguir aceptando las absurdas e inaceptables inequidades que dividen el país entre privilegiados y excluidos.
Aún tienen tiempo de sacarse la venda, entender y acompañar los cambios.
O pueden continuar enceguecidos por el resplandor de la obscenidad del poder hasta caer al abismo.
