“Han transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario, donde no quedan instituciones independientes, las voces disidentes son silenciadas y la población (...) enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas”, subrayó el reporte anual del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de ONU sobre Nicaragua.
Ortega, ex guerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una “dictadura familiar”, junto a su esposa, de 73 años. El cambio casi total a la Constitución, que entró en vigor el 18 de febrero, elevó el rango de Murillo de vicepresidenta a “copresidenta”, concedió al gobierno el control de todos los poderes del Estado y aumentó el mandato de cinco a seis años. La reforma “representó un golpe final al Estado de derecho” y “eliminó los pocos controles institucionales que quedaban, creando un poder ejecutivo con dominio absoluto”, subrayó el grupo de expertos. AFP
