“Nosotros salimos a exigir el cese de la corrupción y medidas económicas para salvar las fuentes de trabajo; terminamos imputados. Por otro lado, pasaron meses desde que saltaron los casos de estafas en el Ministerio de Salud y todavía no hay ninguna persona en la cárcel”, se quejó Galeano Grassi en un tuit.
Luego, en conversación con ÚH calificó como “una vergüenza”, y “el colmo” al actuar del Ministerio Público en los casos de daño al patrimonio del Estado. “Vemos que realmente la Fiscalía usa el garrote a través de la persecución penal para aquellos que osan levantar la voz contra este Gobierno. Les salió mal porque nosotros vamos a ir hasta las últimas en esto. Vamos a demostrar que el decreto (que reglamente la ley de emergencia) es inconstitucional, porque no puede cercenar las libertades consagradas en la Constitución”, señaló el empresario gastronómico y activista ciudadano.
Insistió en que no se puede limitar la libertad de las personas, la libertad de manifestación, porque en ese caso se hubiera aplicado el Estado de excepción. “No aplicaron eso porque en ese caso tendrían que haber rendido cuentas permanentemente al Congreso. Con la ley de emergencia el Ejecutivo tiene prácticamente carta libre”, cuestionó Galeano Grassi.
Reiteró que la Fiscalía no aplica la misma vara, porque no actúa con la misma celeridad en los casos de las estafas al Estado. “Este es un país de joda permanente, no nos toman en serio y por eso estamos como estamos. Acá el Poder Judicial tiene que dar una señal clara contra la corrupción”, manifestó.
Calificó el trabajo de la Fiscalía como “ridículo” al imputar a los manifestantes pero no a los estafadores que se burlaron del Estado.
Reclamo. Sobre la imputación en su contra por supuesta violación de la cuarentena, el activista aseguró que en ningún momento llamó a la aglomeración. “No puse en riesgo mi salud ni la salud de las demás personas (...), pero de igual modo el fiscal decidió imputarme”, criticó.
Galeano Grassi recordó que día a día se ven aglomeraciones en todos lados, pero cuando se exige el cese de la corrupción, el cese de la impunidad, aunque se cuiden las medidas sanitarias, los que reclaman son imputados. Recordó que el propio presidente Mario Abdo y el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, participaron de eventos donde hubo aglomeración. “Si el Ministerio Público va a aplicar el mismo criterio, tendría que haberle imputado al presidente y al ministro Mazzoleni”, afirmó el empresario.
Pasaron meses desde que saltaron los casos de estafas en Salud y todavía no hay ninguna persona en la cárcel.
Juan Galeano Grassi,
empresario y activista.