Una situación que fue muy comentada como una anécdota con ribetes humorísticos en las redes sociales de internet y los medios de comunicación fue la protagonizada por una comitiva del Ministerio Público y de la Policía Nacional, dirigida por el agente fiscal Ysaac Ferreira, que en la tarde del lunes último irrumpió con violencia en una vivienda particular del barrio Bernardino Caballero de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, y sometió a golpes al propietario, Fernando dos Santos, causando además una situación de shock a su pequeño hijo de 4 años de edad y a los demás miembros de su familia.
Fue entonces cuando uno de los policías advirtió que se habían equivocado de lugar y que el allanamiento debía realizarse en una casa vecina, con lo que los miembros de la comitiva abandonaron el sitio, dejando un gran estropicio y continuaron la acción en otro lugar.
Aunque el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya ha decidido abrir una investigación contra el agente fiscal Ysaac Ferreira por el irregular procedimiento, el hecho no constituye un caso aislado, ya que se han reportado otros procedimientos realizados sin la necesaria rigurosidad y sin cumplir debidamente con los protocolos establecidos para este tipo de acciones de organismos y fuerzas de seguridad del Estado.
Ayer mismo se realizó otro operativo en una estancia situada en la colonia María Auxiliadora de Pedro Juan Caballero, en donde efectivos policiales del Grupo Táctico Halcón ingresaron para detener a Carlos Galeano Barrios, un presunto delincuente acusado de integrar la banda que secuestró y asesinó al ganadero Dilson Bello dos Santos en julio de este año. Sin embargo, el dueño del establecimiento ganadero, Patricio Santos Lugo, de 80 años de edad, quien ya había sido víctima de varios asaltos y robo de ganado, según el relato de su hijo Marcos Lugo, pensó que se trataba nuevamente de otro asalto y salió a defenderse efectuando disparos, causando la muerte de uno de los policías, Ramón Brizuela, y cayendo abatido también el ganadero durante el fuego cruzado.
Aunque todavía faltan investigar los detalles de cómo sucedieron las muertes, los testimonios de los familiares del estanciero acribillado y de los vecinos del establecimiento apuntan a que no se siguieron los adecuados procedimientos de identificarse debidamente como miembros de organismos y fuerzas de seguridad del Estado, lo cual llevó a la confusión del dueño de la estancia, en donde el buscado prófugo de la Justicia había logrado encontrar un empleo como capataz, sin que los propietarios sepan de sus antecedentes criminales.
La lamentable pérdida de vidas humanas debe llevar a revisar más estrictamente si se cumplieron los protocolos para este tipo de operaciones. De lo contrario, al igual que en el anterior episodio de allanamiento en un sitio equivocado, se refuerza la idea de que algunos agentes fiscales y jefes policiales a cargo de este tipo de procedimientos actúan con demasiada irresponsabilidad, poniendo en riesgo y afectando trágicamente la vida de los ciudadanos.
Es una situación que reclama un mayor control y la sanción de quienes incurren en graves errores que se convierten en delitos.
