CURUGUATY
Unos 120 campesinos, quienes ingresaron en la madrugada del jueves pasado en las tierras de Marina Cué, donde se desató la masacre en el año 2012, decidieron abandonar la propiedad el día de ayer.
Los mismos se retiraron luego de un acuerdo con el Gobierno durante una reunión mantenida en la tarde del viernes con el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas.
El compromiso incluye, según los labriegos, la liberación de todos los procesados por la masacre incluyendo a Rubén Villalba, así como la entrega de unas 2.000 hectáreas sobre la ruta 10 Las Residentas.
“Dejamos Marina Cué a cambio de la libertad de todos los imputados y presos, la libertad de los 57 imputados incluyendo a Rubén Villalba”, indicó Jorge Ignacio Ovelar dirigente de los familiares de las víctimas Curuguaty.
Los campesinos aceptaron en el acuerdo con Cárdenas, que las tierras de Marina Cué queden como reserva forestal si el Gobierno cumple con la entrega de las 2.000 hectáreas. Ovelar señaló que todos los familiares de las víctimas están de acuerdo con los compromisos asumidos por el Estado, no obstante, aseguró que si no se cumple el acuerdo antes del miércoles, volverán a ingresar a las tierras “con más fuerza y en forma definitiva”.
Dijo no saber cuál será la postura que asumirá la Fiscalía con respecto a la ocupación realizada. La retirada se inició al mediodía de ayer y el último grupo abandonó el predio a las 15.00.
Estos permanecen de vuelta en el campamento principal sobre la ruta 10 Las Residentas a 2.000 metros de la propiedad.
Los campesinos ingresaron el jueves pasado a Marina Cué exigiendo al Estado la entrega de las tierras.
Los mismos llevaron provisiones para acampar por un largo tiempo. Varios dirigentes campesinos se retiraron después por no estar de acuerdo con la medida de fuerza ya que temían que las autoridades los impute por ocupar el predio.
El 15 de junio del 2012 se produjo en este sitio la masacre tras un allanamiento y desalojo judicial policial que costó la vida a 17 personas, 11 campesinos y 6 policías, lo que desembocó luego en el juicio político a Fernando Lugo.